Una nómina de 140 funcionarios públicos exonerados “ilícita y arbitrariamente”, llegó ayer a Contraloría General de la República. Los nombres, junto con detalles del procedimiento y antecedentes de cada caso, fueron presentados por los diputados Nicolás Monckeberg (RN), Arturo Squella (UDI) y Pedro Browne (Amplitud). Los parlamentarios acusan a la administración de Michelle Bachelet de haber desvinculado arbitrariamente a personal que se desempeñaba en cargos con labores más técnicas que políticas, durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Pese a que la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, negó que se estuviera infringiendo la ley con los despidos, los diputados apelan a que existe sustento jurídico en el Oficio Circular N°44, que es un instructivo obligatorio que establece los procesos de renovación de personal que se desempeña a contrata en cargos públicos. La norma, dictada por Hacienda en 2012, señala que las “no renovaciones de las contratas deberán entenderse en forma restrictiva y limitada a casos debidamente fundados y acreditables y sobre la base de que concurran criterios objetivos, que impidan arbietrariedades...”.
Además, los parlamentarios aseguran que funcionarios del gobierno de Piñera, que aún permanecen en sus cargos con un contrato vigente, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre de 2014, han sido “víctimas de presiones indebidas y amenazas con tal de que renunciaran antes de lo que la Ley les permitía”, manifestó Squella.
Como prueba de esto, el documento entregado a Contraloría tiene anexado imágenes del Ministerio de Salud con carteles con frases como “no olviden que fueron cargos de confianza del ministro que se va”, que fueron colgados en ese edificio, según los diputados, para “amedrentar” a los funcionarios que trabajaron con Piñera y que aún se mantienen en sus puestos de trabajo.
Los diputados barajan la posibilidad de conformar una comisión investigadora que analice el tema. Además, afirman que la nómina de afectados presentada a Contraloría es solo una muestra del total de casos, ya que “todos los días llegan personas que han sido presionadas y obligadas a renunciar. Las denuncias nos llegan en distintas instancias, a los parlamentarios a sus oficinas o a los partidos”, señaló Monckeberg. Por lo mismo, esperan que otros afectados entreguen “nuevos antecedentes y se sumen a la denuncia hecha a Contraloría”.
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