El ministro de Justicia, Hernán Larraín, informó que el gobierno ingreso a la Contraloría una solicitud para reactivar el polémico decreto 1515, firmado por la administración anterior y que se encuentra suspendido para poder nombrar a los 41 notarios que faltaron por designar de los 100 contemplados originalmente.
Larraín, en el marco de la sesión de la comisión de Constitución del Senado que analiza el proyecto de modernización de nombramientos de notarios, explicó que "hemos reactivado el decreto 1515 para que en unos meses más esos 41 oficios notariales pendientes se puedan ir creando durante el próximo año".
Indicó que "una vez que lo apruebe la Contraloría vamos a informar a las Cortes de Apelaciones que hagan las ternas y que se produzca la designación de los 41 suspendidos. Calculamos que en el primer semestre del próximo año se alcanzaran a nombrar los pendientes".
Cabe recordar que en el año 2017 cuando era ministro de Justicia Jaime Campos se dictó el decreto exento 1515 que buscaba proveer 100 cargos de notarios y conservadores.
Desde el ministerio informaron que antes del decreto 1515 había 419 oficios en Chile que incluye notarios, archiveros, oficios mixtos y un caso único de archivero judicial en Santiago. En el año 2019 se dictó el decreto 49 por parte del Ministerio de Justicia que lo modificó en dos temas: eliminó una serie de cargos bajando de 100 a 90 los nombramientos.
Hasta hoy se han creado 89 nuevos cargos, de los cuales 41 se encuentran suspendidos por el decreto 49 y cuyo cese de suspensión está en trámite. Finalizado este proceso, en Chile debieran existir 508 funcionarios entre notarios, archiveros y personal de oficios mixtos en todo el país.
Larraín recordó que "hubo una gran polémica en 2017 y se creó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que terminó reconociendo que el Ejecutivo no había excedido sus funciones en ese decreto para la creación de estos nuevos oficios, pero propuso que una serie de cambios legales que entre otros era revisar el sistema de nombramiento de los notarios y más fiscalización".
Recordó que el decreto 1515 se había aprobado en la segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet "con el entonces ministro Jaime Campos que autorizó la creación de 89 nuevas notarias o conservadores y que se alcanzaron a nombrar 48 y se suspendieron 41, porque nosotros -ingenuos- pensamos que la tramitación de este proyecto de ley iba a ser más expedita".
El debate sobre el sistema notarial se reactivó en las últimas semanas luego de que se descubriera que el excandidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, registró más de 23 mil firmas ante un notario que falleció a inicios de este año, y el caso revelado por DF Mas de un abogado y un argentino que defraudaron más de $ 1.200 millones a través de firmas falsas.
La propuesta de la administración de Sebastián Piñera
En septiembre de 2018 la administración de Sebastián Piñera presentó el proyecto de reforma al sistema de notarios y conservadores, el que hoy se está tramitando en el Senado.
La iniciativa -una más de las últimas décadas- en su corazón apunta a terminar con la figura vitalicia de los mismos y establecer un nuevo sistema para su nombramiento, plantea que notarios, conservadores y archiveros permanecerán en sus cargos hasta cumplir 75 años o hasta cumplir 21 años sirviendo el mismo cargo.
Adicionalmente, se crea un Consejo Resolutivo de Nombramiento de Auxiliares de la Administración de Justicia, el cual deberá resolver los nombramientos de Notarios, Conservadores y Archiveros (NCA).
También se crea la figura de los "fedatarios", quienes podrán ejercer sus funciones en todo el territorio nacional, una vez acreditado, en la Corte de Apelaciones respectiva, el cumplimiento de los requisitos establecidos y cinco años de ejercicio.
Se trata de ministros de fe con presencia y competencia en todo el país, facultados para dar fe de ciertos hechos, como autorizar firmas en finiquitos, cartas de renuncia, salvoconductos para el cambio de domicilio, contratos de arrendamiento, declaraciones juradas, autorizaciones para salir del país, poderes simples, como por ejemplo para cobrar pensiones de jubilación, retiro y montepío.
El propósito del proyecto es que haya al menos uno en cada comuna.
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