Las grandes compañías telefónicas han pedido al Presidente Piñera impugnar ante el Tribunal Constitucional, el artículo 5º de la Ley que regula la instalación de antenas de telefonía móvil aprobada el martes pasado por el Senado de la República.
Al respecto, el senador Juan Pablo Letelier manifestó que tal petición constituye una injerencia nefasta de las grandes operadoras telefónicas que sólo pretenden cautelar su lucro y rentabilidad.
"La ley recién aprobada ha sido el resultado de un intenso trabajo entre el parlamento y el gobierno chileno; las normas consignadas en esta ley buscan proteger la salud y el medio ambiente de las personas y comunidades afectadas, ya que son bienes públicos superiores a los intereses de las grandes operadoras; debemos recordar que fueron los ciudadanos quienes con sus protestas continuas, reclamaron que los poderes del Estado pusieran fin a los abusos de estas empresas", expuso el vicepresidente del senado.
Según el parlamentario, estas operadoras telefónicas, "que en los últimos años han instalado sin control más de 4000 antenas amenazando la salud y el hábitat de miles de chilenos, sin la más mínima sensibilidad respecto de proximidades de Escuelas, Hospitales y poblaciones", según sus dichos, pretenden forzar al gobierno a intentar dejar sin efecto la norma recién aprobada y que busca precisamente cautelar la salud de la población y su entorno.
Para Letelier, estas empresas esgrimen para justificar su pretensión, que la nueva ley atentará contra la calidad del servicio, y que se afectará su derecho de propiedad, sin embargo, "lo que se esconde tras esta intención es su afán de mantener privilegios monopólicos e impedir que ingresen nuevos operadores que dinamicen la competencia y obliguen a las necesarias modernizaciones de este servicio", expuso.
Por otra parte, dijo que el gobierno debería demostrar si su apoyo a esta ley fue genuino o se trató sólo de una maniobra para promover una ley y luego dejarla sin efecto, como ocurrió ya con la ley de rotulación de alimentos.
Letelier sostiene que sería una muy mala señal si el gobierno cediera ante el reclamo de las operadoras.
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