Con buenos ojos miran los abogados la intención del gobierno de ampliar a empresas sin sindicatos la posibilidad de suscribir pactos de adaptabilidad laboral, tal como adelantó hace unos días el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.
Dicha propuesta, dicen los consutados, es un avance en flexibilidad, pero no será una tarea sencilla, ya que esta sería la primera modificación a la reforma laboral. Ante esto, será clave la búsqueda de consensos.
Los pactos de adaptabilidad son acuerdos que permiten que empleadores y trabajadores puedan acordar cumplir con la jornada ordinaria de 45 horas semanales en solo cuatro días, o que los trabajadores realicen sus labores a distancia para cumplir responsabilidades familiares.
Sin embargo, pese a que la reforma laboral lleva poco más de un año de vigencia, según datos del ministerio del Trabajo en este periodo se han suscrito sólo tres pactos de este tipo, lo que tendría relación con los requisitos que plantea la ley.
En concreto, la cartera liderada por Monckeberg impulsará modificaciones legislativas para que ya no sea requisito que firmas con una afiliación sindical igual o superior al 30% sean la únicas que puedan suscribir este tipo de acuerdos, sino que también aquellas firmas sin organizaciones sindicales y los trabajadores de forma independiente.
Avance en flexibilidad
Si bien la propuesta fue bien recibida, algunos consultados señalaron que extender esta herramienta a trabajadores de forma individual no tendría un alto impacto. “Los anuncios son un avance si eventualmente se liberaliza y se sacan a los sindicatos como actor, porque es un tema que va en beneficio exclusivo de los trabajadores”, sostiene el director del grupo laboral AZ, Jorge Arredondo.
En esa línea, el experto agrega que será clave el rol que tendrán el ministro Monckeberg y el subsecretario Fernando Arab en establecer y lograr adeptos a modificar este elemento. “Es relevante la búsqueda de consensos en el Congreso, porque esto no se puede hacer por una modificación administrativa, la ley es sumamente clara de que requiere una afiliación sindical de a lo menos el 30% y eso necesitará diálogo en el Congreso”.
Una opinión similar entrega Luis Lizama, de Lizama & Cia, quien aseguró que “si se plantea adecuadamente podría ser una materia aprobada en el Congreso, sobre todo porque cuando la presidenta Bachelet ingresó el veto se eliminaron algunas opciones de pactos de adaptabilidad. Pero para avanzar en este tema se debe conversar”.
Sin embargo, el abogado reconoce que no es recomendable suscribir acuerdos de adaptabilidad de forma individual con los trabajadores. “Los pactos deberían ser con un sujeto negociador colectivo, o sea, o es un sindicato o un grupo negociador. Pero suscribir pactos de adaptabilidad con trabajadores individuales no tendría mucho sentido”, expresa Lizama.
Desde la Fundación Chile Mujeres, valoraron la propuesta del Ejecutivo, señalando que desde la entidad han sostenido reuniones para ampliar este herramienta.
“Es una iniciativa que desde la fundación hemos venido promoviendo desde hace mucho tiempo, se la planteamos al equipo del presidente Piñera y ahora es algo que está en el programa del Presidente. Es bueno avanzar en esta materia, porque va en beneficio directo de los trabajadores”, explica la presidenta ejecutiva y co-fundadora de Chile Mujeres, Francisca Jüneman.
Dicha organización ha tenido un rol clave en el debate y uso de esta herramienta de la legislación. Fue esta organización la que asesoró a CAP S.A -la primera empresa en suscribir un pacto- y hoy se encuentra trabajando en el tema con una empresa internacional con sede en Chile.
El ex jefe legislativo del Ministerio del Trabajo destaca que “avanzar en temas de flexibilización puede ser una idea correcta, en la medida que no se vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores”, y añade que “la flexibilidad entendida como un pacto uno a uno no es una herramienta que en rigor vaya a servir, lo que sirve son los pactos colectivos”.
El exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz, plantea que “es conveniente que para empresas en las que no hay sindicatos o pequeñas, existan algunas alternativas de adaptabilidad en donde es importante que juegue un rol la Dirección del Trabajo para asegurar que los acuerdos son con un grupo de trabajadores”.
Las modalidades de pactos
Inicialmente la reforma laboral contemplaba cuatro pactos de adaptabilidad y luego se sumó una quinta alternativa en el Senado, pero tras el paso de la iniciativa por el Tribunal Constitucional y el posterior veto presidencial de la entonces mandataria, Michelle Bachelet, se vetaron tres del total.
La actual normativa otorga autonomía a las partes para que acuerden esquemas especiales en materia de distribución de jornada en cuatro días de trabajo y tres de descanso, y acuerdos con trabajadores que tengan responsabilidades familiares, lo que podría facilitar mezclar tiempos de labor presencial en la empresa y en otro momento desde el hogar o desde otro lugar convenido. En ambos la exigencia es que exista un 30% de sindicalización en la empresa.
Desde noviembre de 2017 la Dirección del Trabajo tiene disponible en su sitio web nueve modelos distintos de pactos de adaptabilidad.
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