Un alto en sus vacaciones hizo la abogada de la Universidad de Chile y experta en Derecho Laboral, Claudia Donaire, para abordar los avances del informe que está elaborando el Consejo Superior Laboral, una instancia tripartita -incluidos representantes de empresarios y trabajadores- que se creó para evaluar en forma exhaustiva la reforma laboral . Y, en este marco, quien lidera la instancia en su carácter de asesora del Ministerio del Trabajo realiza un positivo balance del trabajo hecho y recalca que el “vacío normativo” de los grupos negociadores no se debe regular.
- La reforma laboral estableció que el consejo debe “elaborar, analizar y discutir propuestas y recomendaciones de política pública. ¿En qué está ese trabajo?
- Somos un ente consultivo que debe hacer un seguimiento durante los primeros tres años de aplicación de la reforma, y emitir un informe anual. En este primer año lo que hemos hecho es empezar a estructurar uno con antecedentes respecto de todo lo que se hizo para implementar la ley, los reglamentos que se dictaron, los dictámenes que se tuvieron que emitir, etc.
- ¿El primer informe estará más cargado a la evaluación de la implementación de la reforma que a las recomendaciones?
- Probablemente, pero no es algo definitivo. Es muy razonable suponer que gran parte del primer informe estará en la evaluación de la implementación. Vamos a trabajar con un marco estadístico que es de abril a diciembre de 2017, y pareciera ser que todo lo que son indicadores en materia de perspectivas de género en materia sindical, viene muy fuerte. Por ejemplo, estamos viendo que la tasa de sindicalización femenina está subiendo en mayor medida que la masculina, y la tasa de dirigentas sindicales mujeres se disparó más allá de la cuota que se plantea en la Ley.
- ¿Cómo ha sido el trabajo entre los integrantes del consejo?
- El debate de la reforma laboral fue muy ideologizado y hubo muchos fantasmas, mucha exageración. Pero, en general, en esta mesa de trabajo ha habido diálogo, ha habido más encuentro de lo que uno puede suponer. Se ha desarrollado un diálogo con bastante respeto.
- ¿Cómo se ha abordado el tema de las calificaciones de servicios mínimos?
- Todavía no hemos deliberado sobre ese tema. Puede que para algunos integrantes del consejo así sea y puede que para otros no. Tenemos algunas cifras que nos dicen que entre abril y diciembre de 2017, el 10% de las empresas que negociaron y cerraron sus procesos solicitaron servicios mínimos. Del total de empresas que negociaron, sólo un 2% se ha judicializado.
- ¿Disminuyó la judicialización?
- Eso es lo que opinan muchos. Algunas autoridades de gobierno han planteado eso. Nuestras expectativas es que ha sido una judicialización que ha estado dentro de lo esperado.
- ¿Cuándo entregarán los resultados del informe?
- Está fijado que sea en abril.
- ¿Se mantendrá el esquema de trabajo tras el cambio de gobierno?
- Hay un calendario de trabajo, pero es razonable que cambie. Los integrantes del consejo también es algo esperable que cambien, en particular los que son representantes del gobierno. En lo personal estimo que las personas que representan al gobierno y a los ministros sean personas de su confianza, por lo tanto lo razonable es que las nuevas autoridades cambien a los representantes.
- A título personal ¿cómo evalúa la implementación de la reforma?
- La implementación en general fue bien prolija, precisamente por el alto nivel de estrés mediático que generó la reforma. En general, la puesta en marcha fue bastante exitosa desde el punto de vista de cumplir con los tiempos de productos, en cuanto a dictámenes, reglamentos, ordenamientos de la inspección del Trabajo a los fines de la negociación.
- ¿Se debería regular el “vacío normativo” de los grupos negociadores?
- Los grupos negociadores no son tema en la práctica. No eran tema ni antes de la reforma ni ahora.
- Pero es un tema que constantemente está en debate...
- Los grupos no son tema, el nivel de conflictividad por grupos negociadores es mínimo, no existe (...) Tras el paso de la reforma por el TC se pensó en crear un procedimiento para dar orden a los grupos, pero no hubo voluntad política.
- ¿Se debería retomar esa idea de regular el tema?
- Esa figura la nombran por general los empleadores y la principal sospecha es que lo digan los empleadores, porque se supone que los grupos negociadores son independientes. Tras el paso de la reforma por el TC se trató de gestionar un proyecto de ley para dejar todo claro, y hubo aceptación en los gremios de empleadores y trabajadores, pero no hubo voluntad política. Los grupos negociadores no son tema, entonces la pregunta es ¿el empresariado quiere grupos negociadores? Me da la impresión que el empresariado no quiere ni grupos ni más negociaciones colectivas.
- Entonces ¿por qué tanta crítica?
- Me da la impresión de que ésta es una discusión que partió por el lado ideológico y que a medida que la reforma ha entrado en vigencia, en lo práctico se ha ido cayendo.
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