La Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento que determina que no procede reembolsar los gastos de traslado en que incurren los funcionarios públicos, en cumplimiento de comisiones de servicio o cometidos funcionarios, al hacer uso de servicios de transporte terrestre distintos de los regulados en el ordenamiento jurídico vigente.
El ente contralor recabó informes a la Subsecretaría de Transportes y el Servicio de Impuestos Internos (SII) para determinar que el Estado ha establecido diversas exigencias para la prestación de los antedichos servicios y, por lo tanto, se entiende que las mismas son idóneas para que la actividad de transporte remunerado de pasajeros, tanto público como privado, se desarrolle en condiciones adecuadas de seguridad, calidad, comodidad, eficiencia y racionalidad.
Por lo mismo, ratifica que “no procede que la administración reembolse a sus empleados los gastos en que incurran para su traslado utilizando servicios de transporte terrestre diversos de los reglamentados, como sería el caso de los servicios requeridos a través de plataformas tecnológicas tales como Uber o Cabify”.
Y agrega que para el ente regulador “resulta inoficioso emitir directrices sobre la pertinencia de aceptar como instrumento de respaldo para acreditar los respectivos desembolsos, documentos emitidos por las empresas que operan las nombradas plataformas tecnológicas”.
La Contraloría también precisó que respecto de la pertinencia de restituir a los funcionarios públicos los gastos de alojamiento en que incurran con ocasión de comisiones o cometidos, por el uso de la plataforma Airbnb, “es menester aclarar que ese tipo de gastos se encuentra cubierto por el viático, el cual no está sujeto a rendición, ello conforme a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley del Ministerio de Hacienda”.
Mundos distintos
El gerente general Cabify, Agustín Guillisasti, distinguió su situación de la que enfrenta Uber. “Somos una empresa de transportes legalmente constituida en Chile, por lo tanto reconocemos el 100% de nuestros ingresos y eso significa que como cualquier empresa de Chile pagamos nuestro impuesto de primera categoría”, expuso.
Y a los conductores, explicó, les exigen que emitan una boleta o factura.
Por tanto, defendió “la empresa como los socios (conductores) sí están pagando los impuestos en Chile y reconociendo sus ingreso también acá como cualquier empresa que está legalmente constituida en el país”.
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