Tras el reciente recurso de reposición presentado por Actionline Chile contra el fallo que ratificó en marzo el rechazo del desafuero de dos trabajadores de la empresa de call center, ayer la Corte Suprema informó que “no ha lugar a la reposición”, reviviendo el análisis de la legalidad de realizar huelgas fuera del proceso de negociación colectiva.
El caso encendió las alarmas en el mundo jurídico respecto al precedente que sentada en medio de la tramitación del proyecto de reforma laboral, cerró ayer su capítulo. Esto, porque la empresa agotó las instancias para insistir frente a la resolución que en rigor no analizó el “fondo” de lo expuesto sino reveló las deficiencias en la presentación de la unificación de jurisprudencia (recurso excepcional referido a la cuestión de derecho sobre lo que trató el juicio).
Según el socio y director del área laboral de Aninat Schwencke & Cía., Rodrigo Ugarte, quien representa a la empresa en cuestión, las resoluciones de la Suprema: la que declaró inadmisible el recurso y la que se informó ayer rechazando al reposición, confirma que no hay un pronunciamiento en el contenido de lo expuesto.
“Se pronuncia sobre una cuestión formal y dice que no es el recurso apto para dejar sin efecto la sentencia. El grave precedente es el de la Corte de Apelaciones. Vulnera el Estado de Derecho abiertamente, y en segundo término causa una falta de certeza jurídica en las instituciones laborales, porque con una sentencia en esos términos es absolutamente irrelevante la negociación que existe hoy en el Congreso sobre la reforma laboral”, explica.
Más que validar la legalidad de una paralización fuera de una negociación colectiva, a juicio de Ugarte, “lo que hace la Suprema es no entrar a conocer el recurso, dejar firme la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones que dice que los trabajadores pueden recurrir por la vía de los hechos a la huelga en el momento en que lo estimen oportuno”.
Por esto, es enfático en señalar que, al verse impedidos de emprender nuevas acciones legales, con este caso quedó “instalada como una jurisprudencia de la Corte de Apelaciones que la huelga es cuando los trabajadores lo estimen conveniente”.
Cuando en marzo la Suprema declaró inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia, los expertos coincidieron en que la fundamentación de la Corte de Apelaciones podría gatillar que cualquier paralización de sindicato se considere legal, siempre y cuando no esté dentro de supuestos de paralizaciones ilegales y se afecten libertades públicas y bienes.
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