El abogado Javier Couso advierte que si el Tribunal Constitucional vuelve a intervenir el proyecto de reforma laboral mediante un segundo fallo, se abre otro escenario al observado hasta el momento. “Supongo que en ese caso el gobierno deberá evaluar todas las opciones que tenga sobre la mesa”, dice.
Quien fuera uno de los integrantes del equipo jurídico que defendió el proyecto en el primer capítulo en el TC comparte la lectura del gobierno, en orden a que el nuevo requerimiento de la oposición fue extemporáneo. “El plazo para requerir venció el 28 de junio, esto es, cinco días después del día en que fue ‘despachado’ por el Congreso”.
“El 24 de junio el abogado de la oposición, Gastón Gómez, declaró a La Tercera que “El proyecto de ley ya fue impugnado, no vamos a repetir lo mismo”. Así, parece claro que en algún momento posterior al 24 de junio se decidieron a improvisar un requerimiento, y ahora intentan extender con una interpretación mañosa el plazo que tenían para hacerlo que, insisto, claramente venció el 28 de junio”, argumenta.
- Además, y según lo enfatiza la Segpres, durante la tramitación del proyecto la derecha ni siquiera hizo reserva de constitucionalidad en la mayoría de los artículos. ¿Es correcto impugnarlos ahora?
- Lo señalado por la Segpres releva lo improvisado de este segundo requerimiento, que representa un abuso del recurso al TC. Todo este episodio sugiere que para la oposición el acudir al Tribunal Constitucional es una suerte de forma de obtener ‘por secretaría’ -incluso forzando los plazos- lo que no es capaz de obtener en el trámite legislativo. Esto supone un uso sumamente frívolo de una prerrogativa constitucional que debiera ser utilizada con mesura y sin forzar los plazos.
- En caso que sea declarado admisible, el Ejecutivo afirma que la presentación está viciada de nulidad de derecho público, porque ya cumplió con lo ordenado en la anterior sentencia. ¿Es plausible la interpretación de la derecha de “desacato”, porque el gobierno no reguló a los grupos negociadores y mantuvo dos pactos con titularidad?
- Es francamente incomprensible que se plantee que aquí ha existido un desacato. A lo sumo puede haber diferencias de opinión acerca de cuán estricto ha sido el cumplimiento que el gobierno ha hecho del fallo del TC, pero plantear seriamente que aquí se ha dejado de cumplir con un fallo es un despropósito.
De haber querido el gobierno desobedecer un fallo, habría simplemente enviado el proyecto tal y cual estaba. En su afán por obtener todo lo que desea, la oposición está incurriendo en una retórica muy peligrosa.
Por lo demás, el desacato es un delito que sanciona a quien “quebrante lo ordenado a cumplir” por una autoridad jurisdiccional. Como toda figura de ese tipo debe estar expresamente tipificada.
- La derecha pide erradicar la palabra sindicato, ¿cómo lee esa petición?
- ¡Pero si el vocablo ‘sindicato’ está expresamente consagrado en el propio texto de la Constitución! (en su artículo 19 nº 19). Una cosa es que este fallo -elaborado por una mayoría ajustada del TC- haya declarado inconstitucional la titularidad sindical. Otra francamente inconcebible sería que se interpretara que ello implica que el legislador no pueda usar una palabra que la propia Constitucion utiliza.
- Independiente del fondo y la forma del nuevo recurso, ¿cree que el TC lo podría acoger parcialmente?
- Uno esperaría que el Tribunal Constitucional actúe de acuerdo al ordenamiento jurídico, por lo que no veo cómo podría siquiera declarar admisible este requerimiento. Dicho esto, si finalmente lo hace, por supuesto que podría acoger total o parcialmente el requerimiento.
- De ser así, sería mejor abandonar el proyecto, mantener la actual legislación y esperar a que las condiciones políticas permitan una verdadera reforma laboral?
- Si el TC vuelve a intervenir el proyecto mediante un segundo fallo, se abre otro escenario. Supongo que en ese caso el gobierno deberá evaluar todas las opciones que tenga sobre la mesa.
rincón asistirá hoy a alegatos
A las 9:15 de hoy, en una sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal Constitucional (TC), comenzarán los alegatos de admisibilidad del requerimiento presentado por parlamentarios de Chile Vamos contra el proyecto de reforma laboral. Contrario a lo que se pensaba, el abogado constitucionalista Gastón Gómez no participará en la cita, sino que lo hará Miguel Ángel Fernández González representando a la oposición.
Por el poder Ejecutivo, participará William García Machmar. Este último será acompañado por la ministra del Trabajo, Ximena Rincón.
De ser admisibles los requerimientos, se prevé que García sea reemplazado en las próximas etapas del proceso por un constitucionalista. En la instancia, cada una de las partes tendrá 15 minutos para sus respectivas intervenciones. De acuerdo a la resolución que admitió a trámite este requerimiento, por siete votos a favor y tres en contra, se consigna que los ministros Carlos Carmona (presidente), Gonzalo García y Nelson Pozo, estuvieron por no acoger este recurso al no cumplir con los requisitos establecidos.
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