La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) emitió esta tarde una declaración pública en la que expresa su preocupación por el debate en torno a los derechos de aprovechamiento de aguas que se discute en el parlamento, acusando expropiación.
En el documento, el gremio sostiene que el proyecto de reforma constitucional recién aprobado por la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado ("que no cuenta con el patrocinio del Poder Ejecutivo") pretende desconocer el derecho de propiedad sobre los derechos de aguas existentes, declarándolos "de utilidad pública" y reemplazándolos por una concesión de carácter temporal.
"Ello tiene una clara intencionalidad expropiatoria sobre estos derechos, pues no permite que el Congreso -en el ejercicio de su rol calificador de bienes de utilidad pública- evite potenciales abusos de autoridad que pudieran suscitarse en caso de expropiaciones", afirmó.
Según la CPC, la garantía del derecho de propiedad sobre el aprovechamiento de las aguas, entendido como un derecho indefinido y no sujeto a otras condiciones que las mismas aplicables a cualquier otra propiedad, ha sido fundamental para que las distintas actividades productivas hayan podido efectuar inversiones económicamente viables y ambientalmente sustentables.
"La protección constitucional del derecho de aprovechamiento sobre las aguas es la única forma de dar certeza, estabilidad y racionalidad a su uso", indicó la entidad dirigida por Alberto Salas.
Respecto al Código de Aguas y a las regulaciones del sector, el gremio empresarial reconoció que existen argumentos técnicos "sólidos" para su perfeccionamiento pero que eso no justifica un cambio del estatuto constitucional del derecho de aprovechamiento sobre las aguas, "el cual sería contraproducente para los fines de mejorar su uso y hacerlo más sustentable".
"Estos perfeccionamientos deben tener al consumo humano como principal beneficiario, y luego, el desarrollo de las actividades productivas al servicio de las personas", indicó.
Antecedentes
En marzo pasado, la comisión especial del Senado sobre recursos hídricos, desertificación y sequía, que integran los senadores Isabel Allende, Francisco Chahuán, Adriana Muñoz, Víctor Pérez y Jorge Pizarro, propuso unir nueve de las 19 iniciativas que con distintos niveles de avance plantean reformular la Constitución en lo referido al dominio público de las aguas y al acceso al derecho real de aprovechamiento de éstas, lo que fue aprobado a mediados de mayo pasado.
Si bien en esa oportunidad a instancia de la votación de Chahuán y Pérez el proyecto refundido no incluyó la derogación en el artículo 19 de la carta fundamental del texto que garantiza constitucionalmente todos los derechos de aguas, lo que tranquilizó a los distintos sectores productivos, porque a juicio de especialistas "la reforma constitucional tiene ahora un grado de peligrosidad menor que el inicial", existe inquietud entre otros expertos en derecho de aguas por los alcances que una eventual aprobación de esta reforma podría tener, en particular en momentos en que el proceso constituyente está en pleno desarrollo.
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