Para la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, el aterrizaje en el Senado del proyecto de reforma laboral está lejos de ser una victoria total, pero tiene la convicción que la iniciativa seguirá avanzando a paso firme y que será “inevitable” que registre cambios. En específico, la necesidad de incorporarle al piso el IPC y que las federaciones y confederaciones no necesariamente tengan que buscar mecanismos especiales de negociación.
“Estamos hablando simplemente de los pisos mínimos. Esto no abarca ni por mucho lo que la CUT espera que sea una nueva institucionalidad laboral y, en esa perspectiva, es un proyecto prudente y que le dará garantías a todos los actores”, afirma.
- ¿Cuáles son los puntos pendientes de cara al Senado?
- Uno de esos tiene que ver con el debate de los servicios mínimos. Ya no en el sentido de la propuesta, sino que en materia de redacción. Es posible afinar aún más la puntería para que esto no se transforme eventualmente ya sea en un proceso de judicialización o de una interpretación un poco antojadiza respecto de los alcances de los servicios mínimos, los turnos de emergencia. Sí señalamos y creemos que en eso estábamos en lo correcto que lo ideal más que hablar de servicios mínimos hubiese sido hablar de servicios esenciales. Nos parecía que eso despejaba mucho más el debate.
- ¿Hay otros puntos?
- Se había contemplado una gradualidad (adaptabilidad) para su implementación de cuatro años, sin embargo, esa gradualidad se eliminó en la Comisión de Trabajo y eso nos parece que es tremendamente peligroso, porque finalmente fuerza a los sindicatos a debatir materias que no están obligados a que sean el marco de la negociación que los debata. Pero, sin embargo, los fuerzas a debatir sobre jornadas y potencial flexibilidad laboral en condiciones que todavía no son las de fortalecimiento que nosotros esperamos que se tengan. La gradualidad para nosotros tenía un sentido.
- ¿Realmente se puede avanzar en el Senado?
- Hay temas pendientes, hay materias que no quedaron bien abordadas en el debate como los pactos, pero entendemos que debemos seguir en el debate y que el Senado no es un buzón. Si se avanza esperamos que se haga para profundizar el proyecto y no para imponer falsos equilibrios entre trabajadores y empleadores. Si se busca retroceder obviamente seremos un actor que va a actuar.
- ¿Y esa actuación significaría un paro nacional como lo anunció Nolberto Díaz?
- Prefiero no comprometer desde ya posiciones. En un debate que es serio y responsable uno tiene que hacer los anuncios a medida que se van construyendo los escenarios.
- ¿Está el temor de parte de ustedes de que haya un acuerdo en el Senado como pasó con la reforma tributaria?
- Es difícil que se pueda dar un mismo escenario. Primero, porque la reforma tributaria fue un debate que cada vez se fue moderando más y perdió fuerza social (...) Los primeros en plantear la necesidad de que si hiciera una reforma tributaria para financiar la educación pública gratuita fue, precisamente, el movimiento estudiantil y el amplio marco de actores de la educación que fueron parte de la movilización en 2011.
Pero los actores que lograron instalar la demanda finalmente luego no fueron los que estuvieron vigilantes para su efectiva implementación.
En cambio, en el caso de la reforma laboral, nosotros sí somos actores que vamos a estar muy presentes, así como probablemente también lo estará el empresariado ahora en el Senado.
- ¿No queda la sensación de la posibilidad de un gran acuerdo tras el cambio de gabinete?
- Si uno recoge eso pero escucha a los ministros en sus intervenciones en el Congreso durante estos días, uno ve que en realidad lo que transmiten es que el proyecto es necesario, que esta política de derechos es necesaria. Y, por lo tanto, dificulto que pueda cambiar tanto el discurso de aquí al Senado. Hasta ahora, con cambio de gabinete mediante, el proyecto de ley ha tenido la tramitación que se esperaba y ha mantenido los contenidos esenciales. Por lo tanto, hasta ahora uno no podría decir que el cambio de ministros ha significado una desmejora del proyecto de ley.
- ¿La mayor conflictividad a la que aluden los empresarios con esta reforma es un mito?
- No sé si es un mito, sino más bien un temor. Lo claro es que hay un empresariado que ha gozado de privilegios excesivos a costa de derechos de otros. Y que al ver afectados sus intereses hoy actúan desde la defensa corporativa.
Una cosa es tener una posición legítima de defender sus intereses, y la otra es que se trate de imponerle a un país y a un gobierno que no cumpla con sus promesas porque yo no quiero perder mis privilegios. En eso, no digo todos, pero un sector importante del empresariado ha actuado con una pequeñez que no corresponde.
- ¿A qué parte del empresariado se refiere?
- Principalmente, a la Sofofa y al frente antirreforma que se formó. La CPC, si bien no siempre ha tenido un discurso muy nítido, sí tengo la impresión de que se ha cuidado de caer en estas caricaturas extremas en que han caído otros actores del mundo empresarial y que han sido tremendamente dañinas para las posiciones que dicen representar.
Hacia el debate constitucional
- Los empresarios han manifestado fuertes aprensiones por el proceso constituyente. ¿El gobierno debería dar más certezas?
- Sí. Hemos señalado con mucha claridad que no seremos un agente pasivo ante el debate constituyente. Todos los cambios que se puedan hacer en materia laboral o tributaria quedan truncos si les falta un paraguas principal que es esta mirada de país, que se sintetiza en una nueva Constitución. Por lo tanto, queremos ser un agente muy activo, no vamos a dejar ese espacio libre para que los poderosos de siempre se tomen el debate.
- Los empresarios han mostrado una oposición bastante fuerte hacia un cambio constitucional, particularmente por modificaciones al derecho de propiedad.
- Nadie podría extrañarse de que haya resistencia o incertidumbre frente a procesos como éste. Sin embargo, en el caso del empresariado, más que incertidumbre, lo que hay es un temor, legítimo o no, a perder sus privilegios (...)
En este tema, hay tres cuestiones importantes: uno, la mirada país. ¿Queremos que el mercado regule todo o que el Estado sea capaz de poner regulaciones sin que eso signifique que el mercado quede afuera? Dos, ¿estamos disponibles para una política de derechos en este país? Y tres, los canales de participación, una democracia sana no puede sostenerse solo en la representatividad en instituciones, sino que tiene que buscar canales de participación activa, que materias de conflicto social puedan ser materia de plebiscito.
"Hay desprolijidades que generan desaprobación"
Titular de la CUT apunta al manejo de conflictos sociales.
- ¿Cómo ha visto el desempeño del gobierno tras el cambio de gabinete?
- En procesos de cambios como los de hoy -que no se habían visto por 30 años-, es natural que haya una ciudadanía expectante, pero también una ciudadanía que se resiste a los cambios. Entonces, es lógico que se produzcan estas situaciones y eso evidentemente se traducirá en respaldo o rechazo al gobierno. Por lo tanto, no tengo una lectura tan crítica respecto a la situación del gobierno. Es obvio que bajaría la aprobación del gobierno en un cuadro de transformaciones. Pero efectivamente hay desprolijidades donde el Ejecutivo ha generado la condición para una mayor desaprobación. Por ejemplo, cómo los mandos intermedios han enfrentado algunos conflictos sociales, como en salud y en educación. Hay una serie de conflictos en el sector público que muchas veces no han tenido sólo que ver con los temas de fondo, sino también con la forma, donde muchas veces aquellos que se sientan contigo en la mesa no entienden que están actuando como un actor legítimo, por lo que muchas veces han sido displicentes, han tenido malos tratos. Y eso golpea.
- ¿Ha habido falta de manejo político?
- Sí, particularmente de algunos segmentos intermedios, como jefes de servicios o encargados de conflictos de las divisiones. Equipos que están llamados a facilitar el diálogo y que finalmente a veces son quienes terminan cerrando la puerta. Acá hay un problema que no es un rechazo ciudadano, sino con cómo se enfrentan las relaciones con los actores sociales. En los ministerios debe haber una atención de cómo se está actuando en los conflictos.
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