Las discrepancias entre el sector privado y la Nueva Mayoría no se acabarán con la eventual promulgación de la reforma laboral, hoy en trámite en el Tribunal Constitucional (TC).
El proyecto que moderniza el sistema de relaciones laborales es sólo una de las propuestas que el Ejecutivo tiene para “mejorar” las condiciones laborales y perfeccionar la institucionalidad, aunque la de mayor envegadura.
Con la reforma laboral despachada, la Cámara y el Senado se preparan para tramitar una serie de iniciativas y recibir, prontamente, los proyectos que formulará el gobierno, los que -en muchos casos- no serán bienvenidos por el empresariado.
Nuevos conflictos
Antes de recibir “la segunda parte de la agenda laboral” del gobierno, el Congreso podría despachar el proyecto que modifica las indemnizaciones para trabajadores contratados por obra, faena o servicio, que pretende, por una parte, terminar con la situación de “vulnerabilidad” de estos empleados; y por otra, atender la recomendación de la OIT, que sugiere “asegurar cierta protección de los ingresos de estas personas, ya sea vía seguro de desempleo o compensación”.
La iniciativa presentada por legisladores de la Nueva Mayoría busca establecer un pago “a todo evento” equivalente a dos días y medio de remuneración por cada mes trabajado.
Los dos sectores que más usan este tipo de contrato -la agricultura y la construcción- cuestionan esta propuesta, despachada por la comisión de Trabajo de la Cámara hacia el Senado. “Que se pretenda aplicar las indemnizaciones a todo tipo de contrato, ya sean indefinidos o a plazo fijo, no corresponde. Sería un cambio a las reglas del juego”, sostiene el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo; mientras que su símil de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Jorge Mas, asegura que “el derecho a indemnización debiera generarse sólo una vez que el trabajador haya completado un plazo razonable en la empresa y no en forma automática”.
Los gremios empresariales también siguen atentos el proyecto que modifica el Código del Trabajo, que busca regular la subcontratación de labores inherentes al giro principal de la empresa, presentado en agosto de 2014 por legisladores oficialistas y el diputado independiente Gabriel Boric.
La moción, que utiliza el concepto de “subcontratación impropia”, busca prohibir la tercerización de funciones “que pertenezcan en forma central al giro de la empresa principal, dejando la subcontratación reservada para labores anexas en las que la mandante puede recurrir perfectamente a firmas especializadas, tales como vigilancia, alimentación y aseo”.
El proyecto fue criticado por el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, quien afirmó que “la iniciativa podría generar graves efectos para los contratistas y la industria minera como tal”.
El nuevo presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, Patricio Vallespín (DC), lamentó la postura de los empresarios y aseguró que “siempre que se habla de mejorar condiciones laborales y salariales de los trabajadores, al sector privado no le gusta. El tema es que si es pertinente o no avanzar en estos proyectos; nosotros creemos que sí”.
Pronto envío
Dos proyectos que el Ejecutivo enviaría al Congreso este segundo semestre son la modernización de la Dirección del Trabajo, para fortalecer la fiscalización y la mediación; y el Estatuto del Temporero, que busca elevar la protección para los trabajadores del sector agrícola.
Materias pendientes
Obedeciendo a un compromiso del programa de gobierno, el Ejecutivo decidió, el año pasado, legislar para “institucionalizar la negociación colectiva en el sector público”, intención que aún no se materializa en un proyecto de ley y que sigue “sólo en conversaciones”, afirmaron desde la Mesa del Sector Público.
Otro tema que sigue pendiente son eventuales cambios en el sistema de pensiones, algo que ha sido demandado por un sector de la NM, pero desestimado por el Ejecutivo.
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