El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que objetó la titularidad sindical de la reforma laboral obligó al gobierno a modificar los parámetros del proyecto que regula el trabajo por temporada en la agricultura o “estatuto del temporero”.
Así, la iniciativa que avanza en temas como el registro del temporero, salud ocupacional y asuntos previsionales, enfrenta un último dilema, que es el papel de los grupos negociadores, sindicatos y federaciones en las negociaciones colectivas.
Y como el espacio es limitado, las referencias se acotan a sólo dos proyectos: uno elaborado por el gobierno de Sebastián Piñera, y olvidado en el Congreso, y otro aprobado durante este año.
El primero, que logró el consenso de varias agrupaciones sindicales y empresariales, establece que los pactos para faenas agrícolas determinadas se pueden suscribir con grupos y con sindicatos. Así se establecería también para el estatuto del temporero. Eso sí, un antecedente complementario será el proyecto de adaptabilidad del turismo, despachado en mayo de este año, que estipula que los pactos se firman primero con el sindicato, luego con el grupo (si no hay organización sindical) y en tercer lugar con el trabajador, siempre y cuando exista un consentimiento expreso manifestado por escrito.
“El estatuto del temporero será respetuoso del fallo del TC y del Convenio 135 de la OIT”, sostuvieron fuentes del Ministerio del Trabajo que han participado en la elaboración del proyecto. El tratado internacional, ratificado por Chile en 1999, señala que “cuando en una misma empresa existan representantes sindicales y representantes electos (grupos), habrán de adoptarse medidas apropiadas para garantizar que la existencia de los segundos no se utilice en menoscabo de la posición de los sindicatos”.
Desde la cartera subrayaron que el texto “se presentará con acuerdo de todas las organizaciones sindicales del sector”, lo que fue avalado por el presidente del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile, Orlando Contreras, quien sostuvo que “la mayoría estamos en principio de acuerdo”. Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indigenas, lamentan el “casi nulo” diálogo con el mundo de los trabajadores y demandan una ley de sindicalización campesina. Y en el sector privado, la postura no es muy distinta. Mientras el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, Ronald Bown, destacó el avance del estatuto y su apego “a la normativa actual, especialmente en lo constitucional”; el líder de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, lamentó la exclusión que -asegura- sufrió el gremio.
La mejor fórmula
En Chile Vamos, bloque que respaldó la adaptabilidad en el turismo, advierten que el estatuto del temporero podría “no tener la misma suerte”. Así, el presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, el diputado DC, Patricio Vallespín, pidió al gobierno “reconocer al sindicato como el actor fundamental de la negociación, pero sin hablar de titularidad”. El legislador pidió “un criterio positivo” a la oposición, cuando en noviembre o diciembre comience la tramitación del estatuto del temporero.
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