Es un requerimiento calcado, salvo pequeñas precisiones, el que presentaron los diputados de la oposición en el Tribunal Constitucional (TC) la noche del martes, en comparación al entregado por los senadores del bloque, la semana pasada. Por ejemplo, aclara que la petición es que se declaren inconstitucionales “total o parcialemente” la titularidad sindical, la extensión de beneficios, la negociación colectiva interempresa y el derecho de información.
Eso sí, los diputados -que trabajan con el mismo estudio de abogados- se “dieron un gustito” y profundizaron en los argumentos entregados por el experto laboral de la Democracia Cristiana, Zarko Luksic, quien elaboró un informe donde cuestiona la titularidad y la extensión.
“No hay correcciones, sino que afinaciones, para introducir cosas que gente de la Concertación ha dicho en contra de la reforma”, afirmaron desde el equipo jurídico.
En su informe, titulado “Libertad sindical. Una mirada desde la Constitución”, el ex subsecretario del Trabajo cuestiona la titularidad, afirmando que “la Constitución reconoce que el derecho a negociar tiene algunas limitaciones: es un derecho de los trabajadores y, por tanto, las organizaciones sindicales no tienen la exclusividad sobre ella”.
También critica la extensión de beneficios por acuerdo entre empleador y sindicato. “El reproche constitucional está dado en que obliga al trabajador no afiliado a afiliarse al sindicato, de lo contrario, no recibe parte o la totalidad de los beneficios del acuerdo colectivo”, dice el informe de Luksic.
Parte importante, por no decir la totalidad de estos argumentos, estaban incorporados en el requerimiento presentado por los senadores de la UDI y RN, pero ahora la ubicación política es distinta: lo dice un militante de un partido de gobierno. Esto, que no resulta novedoso, se utilizará con fuerza en la etapa de alegatos y audiencias públicas.
La sinceridad de Valdés
En la derecha reconocen que lograr la inconstitucionalidad de la negociación interempresa y el derecho de información es “muy difícil” y que ganar la titularidad sindical “es de pronóstico reservado”; pero creen que “botar” la extensión de beneficios es muy probable.
Un diagnóstico no muy distinto tienen en el oficialismo, donde legisladores han advertido que la norma de extensión podría “no superar la barrera del TC”. Consultado por esa materia, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró que el Ejecutivo “tiene muy buenos argumentos”, pero que “siempre hay más seguridades en algunos temas que en otros”.
Eso sí, añadió, “los equipos están preparándose”. De hecho, hoy tendrá su primera reunión de coordinación el grupo jurídico encargado de anular los requerimientos de la oposición.
Este equipo estará integrado por los abogados laboralistas Francisco Tapia y Andrés Aylwin, y los constitucionalistas Javier Couso y Carlos Mackenney. Al interior del grupo consideran que los argumentos de la derecha son “débiles”.
“En naciones europeas, con constituciones parecidas a la nuestra, existe la titularidad y la herramienta de extensión que estableció el legislador, ya que es una manera válida de fortalecer la organización sindical”, expuso uno de los abogados.
Hoy será un día importante no sólo para la defensa del proyecto del gobierno, también para la oposición que lo cuestiona. Durante la jornada el TC resolverá si acoge o no a trámite el requerimiento de los senadores. El próximo martes ocurrirá lo mismo con la impugnación presentada por los diputados de Chile Vamos.
fallo se conocerá a inicios de mayo
Si bien presentar un segundo requerimiento sobre la misma causa -con idéntica petición de inconstitucionalidad y argumentos- es bien poco habitual, la ofensiva de los diputados de la oposición no cambia en nada el procedimiento que adoptará el Tribunal Constitucional (TC).
El órgano jurisdiccional resolverá hoy si acoge a trámite la impugnación de los senadores del bloque presentada la semana pasada, y el próximo martes se pronunciará sobre la petición de los diputados. Luego de eso acumulará ambas causas.
El mismo día que resuelva el requerimiento de los diputados de la derecha -o a más tardar el jueves-, el tribunal notificará al gobierno que tiene cinco días para contestar los cuestionamientos del bloque de oposición.
Dentro de ese plazo, posiblemente entre el martes 26 y jueves 28 de este mes, se desarrollarán las audiencias públicas (donde intervienen partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y particulares) y los alegatos (gobierno y oposición).
El TC tiene 10 días, desde que notifica al Ejecutivo para entregar su veredicto, aunque son prorrogables por otros 10 más. De ser así, el fallo del tribunal se debería conocer durante la primera quincena de mayo.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Reforma laboral
