Gobierno insistirá en negociación interempresa obligatoria y no eliminaría huelga “pacífica”

En su última participación en el comité político de La Moneda, el senador de la Democracia Cristiana (DC), Patricio Walker, justificó el rechazo que él, más tres legisladores de la colectividad y la oposición manifestaron con la obligatoriedad de la negociación colectiva interempresa, propuesta del gobierno que se cayó en el Senado.

“Todos (en la reunión) reconocieron que la negociación interempresa obligatoria para las pymes no fue parte de ningún acuerdo ni del programa de gobierno, por lo que era completamente legítimo que algunos senadores de la Nueva Mayoría hayamos votado en contra”, fue la defensa de Walker, quien hoy dejará la presidencia del Senado al PPD Ricardo Lagos Weber.

El senador DC no se quedó ahí y advirtió: “Nos vamos a mantener firme en cuanto a que haya un tratamiento diferenciado para las pymes”.

Sin embargo, no fue efectivo que “todos reconocieran” que la obligación de negociar colectivamente a nivel interempresa se pudiera rechazar, por no estar en el programa.

“Era una indicación del gobierno y se supone que la DC tenía que permitir su aprobación, con el voto a favor o la abstención. Para eso fue el acuerdo”, expresó un integrante del comité político del gobierno.

El mismo personero reiteró que el Ejecutivo repondrá el artículo y admitió que la “huelga pacífica” -aprobada con votos de oposición y la DC- “no le quita el sueño”.

Moneda de cambio

La incorporación del concepto “pacífico” en la huelga y en el proceso de negociación colectiva podría ser respaldado por el oficialismo, para convencer al grupo de “indisciplinados” de la DC que facilite la aprobación de la negociación colectiva interempresa obligatoria.

Otra moneda de cambio que se podría utilizar es el artículo de huelga y las polémicas “adecuaciones necesarias”, norma que es rechazada por las bancadas de diputados del PS y el PC, y por parte de la DC y el PPD, que estiman que la redacción abre la puerta al reemplazo interno.

La apuesta del gobierno y de un sector del oficialismo es acotar el espacio de debate de la comisión mixta “a uno, dos o tres temas”.

Uno que sí o sí tiene su cupo asegurado en la instancia es la negociación interempresa. Los restantes dos son las adecuaciones necesarias y la paralización en empresas subcontratistas.

Sin embargo, la intención del Ejecutivo es consensuar uno de estos puntos de forma previa, por lo que ya comenzaron los encuentros con representantes de los diputados.

En el bloque comparten el criterio de La Moneda. “Habrá que pactar algunos temas. Un tema por lado”, sostuvo el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, partidario de aplicar el criterio del “1+1”: en un tema cede el sector más “progresista” de la NM (huelga pacífica) y en otro la DC (interempresa).

En la misma sintonía, la presidenta del PS, Isabel Allende, complementó: “Hay que ceder en cada lado”.

Persiste molestia en el PS y PC

El diputado socialista, Osvaldo Andrade, profundizó sus diferencias con el sector conservador de la DC.

“Si algunos quieren que haya reemplazo interno, que lo digan; que el empleador siga teniendo el control sobre todo, que lo digan, pero no sigamos con estas hipocresías”, afirmó el legislador, quien ayer se reunió con la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, y el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés.

La bancada de diputados del PS -al igual que el PC- discrepa con los artículos de adecuaciones necesarias, sindicato interempresa y subcontrato. También con la “huelga pacífica”, calificada como “innecesaria” por el presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, el diputado Lautaro Carmona. Esta instancia comenzará a revisar hoy el texto aprobado por el Senado, para llevar la reforma laboral a votación en sala este jueves.

Judicialización

La ministra Rincón relativizó la eventual judicialización (reconocida por el propio ministro Valdés) que tendrá el proceso de huelga, con las polémicas adecuaciones necesarias. “Hoy tenemos en la norma la posibilidad del reemplazo externo e interno y, de las huelgas declaradas, un 27% termina en tribunales o en resolución de la Dirección del Trabajo y eso es harto. Por lo tanto, desdramatizaría estas afirmaciones”, expresó la secretaria de Estado.