No está muerto quien pelea. Esa parece ser la consigna del gobierno, que insiste en explorar el camino de una ley corta o adecuatoria, para la reforma laboral, específicamente para evitar la inminente judicialización que provocará la derogación del artículo que regula la negociación colectiva de los grupos negociadores.
Y aunque “no se ha concretado un encuentro formal” entre el Ejecutivo y parlamentarios de Chile Vamos, y tampoco existe una “propuesta final”, sí han conversado asesores de Hacienda y Trabajo con legisladores de la oposición, según reconocen en el conglomerado.
La derecha comparte la preocupación de La Moneda con la desregulación de los grupos de trabajadores, lo que quedará inexorablemente en manos de la Dirección del Trabajo y los Tribunales de Justicia, que deberán resolver los mecanismos y prerrogativas que tendrán estos colectivos transitorios. Este vacío, según abogados laboralistas, derivaría en una “titularidad sindical en los hechos”, al ser los sindicatos los únicos colectivos con procedimientos normados. “A todos nos interesa eliminar los vacíos que dejó el TC y eso se hace vía ley corta”, afirmó un asesor del gobierno.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, sostuvo ayer que “el gobierno nunca ha cerrado las puertas a tener una conversación sobre una reforma necesaria para desjudicializar (el proyecto)”. Y señaló que el Ejecutivo siempre ha estado “abierto a esa conversación con la oposición”, recalcando que el gobierno buscó la vía antes del veto pero que no hubo acuerdo con la oposición.
En Chile Vamos valoraron la voluntad del gobierno, pero hay condiciones. “Queremos conocer propuestas, siempre que consideren el primer dictamen del TC”, sostuvo el diputado UDI, Patricio Melero, refiriéndose al fallo que eliminó la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación.
El senador gremialista Juan Antonio Coloma cree que “más allá del buen ánimo del ministro Valdés, el gobierno está atrapado y no tiene capacidad de modificar lo que acordaron”.
Y efectivamente, en la Nueva Mayoría hay poco o nulo espacio para una ley corta o adecuatoria que nivele a los grupos negociadores con los sindicatos en los requisitos para su constitución.
El presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Manuel Monsalve (PS), fue categórico: “El capítulo de la reforma laboral se terminó”.
“El gobierno intentó cumplir un compromiso que se pudo lograr sólo de forma parcial, gracias a la oposición. No me parece llegar a acuerdos con quienes impidieron cumplir con la titularidad sindical, la ampliación de la negociación colectiva y la huelga efectiva”.
Una opinión similar tuvo la senadora del PPD y presidenta de la comisión de Trabajo, Adriana Muñoz, quien descartó “reabrir un debate ya cerrado”. Idéntica posición manifestó el senador PS Carlos Montes. “No veo a la derecha ni al gobierno con posibilidades de resolverlo”.
Al interior del Ejecutivo reconocen que el espacio “y las fuerzas” son acotados. “No sólo en la NM, también en la derecha y con la CUT”, señaló un asesor.
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