En agosto, el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama acogió una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales presentada por una trabajadora en contra de Mery y Compañía Limitada (empresa de retail minorista de electrodomésticos), acusando una discriminación salarial.
Los hechos se iniciaron en septiembre de 2017 cuando la trabajadora fue contratada como vendedora part-time en la firma antes mencionada, luego en noviembre de ese mismo año se celebró un nuevo contrato de trabajo pero se alteró la naturaleza de los servicios, ya que la trabajadora pasó a desempeñarse como jefa de módulo, lo que significó que quedara excluida de la limitación de jornada laboral de 45 horas semanales y el aumento de mayores responsabilidades al interior de la empresa.
Al momento de celebrar el nuevo contrato de trabajo, según se lee en la demanda, se pactó una remuneración de $270.000 como sueldo base, más una comisión según las ventas realizadas entre los días 26 del mes anterior hasta los días 25 del mes en que se cancelara la remuneración. Sin embargo, de manera verbal se habría acordado que en el cargo de jefa de modulo se le pagaría la cantidad de $500.000 como sueldo base más la gratificación conforme a la importancia del cargo, al igual que los demás jefes, señalándole que esto se regularía al mes siguiente.
Pese a esto, la trabajadora demandante señala que los meses transcurrieron y que aún mantenía el sueldo de vendedora y no de jefa de módulo conforme a su contrato, no cambiando su sueldo base.
La sentencia
Ante esto, la trabajadora decidió iniciar acciones legales, las que finalizaron recientemente. En el texto de la sentencia, el tribunal indicó que, desde enero de 2018, se tuvo a la trabajadora bajo la expectativa de que se le reconociera en su cargo de jefa de módulo el otorgamiento de mejora salarial al igual que sus compañeros hombres.
En la sentencia, el juez hace referencia a que en el Código del Trabajo establece la paridad de remuneración, en relación al sexo, estando prohibidas las diferencias de remuneración, entre personas del mismo sexo que desempeñen igual tarea.
Sobre esto, la sentencia agrega que "constituye una manifestación particular del derecho a la no discriminación laboral, por lo tanto le asiste el derecho a la actora a exigir del empleador, que no se efectúe diferencias de trato remuneracionales, basadas en criterios sospechosos o simplemente sin justificación razonable".
Por lo anterior, el tribunal acogió la demanda de tutela laboral, declarando que la demandada efectuó discriminación en el trato remuneracional y afectó su integridad síquica de la demandante durante la relación laboral. Obligando a la firma cesar su conducta discriminadora e igualar en remuneraciones a la trabajadora con los demás jefes de módulo.
¿Igualdad salarial?
Para erradicar las brechas salariales entre hombres y mujeres, en 2009 -durante el primer gobierno de Michelle Bachelet- se promulgó la Ley 20.348, la cual resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones entre hombres y mujeres en el Código del Trabajo.
A poco más de nueve años desde su entrada en vigencia, la norma, al parecer, no ha tenido los efectos que se esperaba, ya que según datos de la Dirección del Trabajo, entre 2010 y junio de 2018, han ingresado 120 denuncias a la institución por vulneración del derecho a la no discriminación de remuneración por sexo.
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