A ocho años de la implementación de la nueva justicia laboral existe una evaluación que es compartida por los expertos: el principal beneficio que ha traído la legislación es la rapidez que comenzó a acompañar los procesos. Causas que antes demoraban uno o dos años, hoy pueden tener solución en sólo un par de meses debido a la simplificación de los procedimientos.
“Con la normativa anterior, los trabajadores debían esperar la resolución además del tribunal, de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones, lo que muchas veces inhibía a los trabajadores a demandar”, explican los abogados Juan Vergara y Daniela Marzi, de Prosindical.
Es por esto que la modernización del sistema se convirtió en la principal razón por la que han aumentado año a año los ingresos de causas a nivel nacional, las que durante 2015 llegaron a 56.583, lo que representa un aumento de 7,1% respecto del año anterior. De esta manera, desde 2008 -año que comenzó a implementarse gradualmente la reforma a la justicia laboral- se acumulan 314.308 casos, según cifras entregadas por el Poder Judicial.
Vergara agrega que “la implementación implicó mejoras en procedimientos, infraestructura, especialización de la judicatura y litigantes. El derecho laboral comenzó a ser tomado más en serio”.
Con otra mirada, Ricardo Tisi, del estudio Cariola Díez, Pérez-Cotapos, asegura que a pesar de la eficiencia del sistema, existen materias que mejorar. “Esta es una justicia en la que cuesta muchísimo que la parte empleadora pueda tener éxito, en particular por las atribuciones de los jueces”.
El abogado agrega que “al no haber un recurso de apelación propiamente tal, el control del juez de primera instancia es muy escaso, porque solamente se puede llegar a la Corte Suprema por una vía que es bastante formalista. Antes existía la doble instancia, que era la apelación y que es una forma de control del juez de abajo, que no es colegiado”.
Aumento explosivo de casos
Un punto en el que todos coinciden es que el ingreso de causas a los juzgados laborales tendrá un fuerte crecimiento, cuando entre en vigencia la reforma laboral que se tramita en el Congreso, la que según los especialistas va a generar una mayor conflictividad entre trabajadores y empleadores.
Para el ex subsecretario del Trabajo, Zarko Luksic, la reforma plantea varias materias que requerirán de interpretación judicial. “En caso de huelga, la determinación de las adecuaciones necesarias respecto del reemplazo y la fijación de los servicios mínimos y equipos de emergencia, cuestión extraordinariamente relevante” asegura.
A esto se suma que en la misma ley se incluyen disposiciones que tendrán que ser resueltas directamente en tribunales, como puntualiza el abogado del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo de la Universidad de Talca, Rodrigo Palomo. “El proyecto establece nuevas remisiones directas a acciones judiciales, por ejemplo, en materia de prácticas antisindicales y desleales o derechos de información”, sostiene.
Pero no sólo estos aspectos aumentarían la judicialización, “también se pueden considerar factores de riesgo los quórum de los sindicatos en las negociaciones; la calificación de las empresas sin derecho a huelga; la orden de reanudación de faenas por decisión judicial; y una amplia gama de juicios por prácticas antisindicales por acusaciones de huelgas no pacíficas o infringir la buena fe en la negociación”, advierte Vergara.
Por último, Tisi afirma que la reforma “incentiva las demandas por prácticas antisindicales, las multas son más grandes y ya no van a ir al Sence, sino que a un centro de formación sindical. La conducta de la empresa va a ser mucho más difícil de defender, lo que va a afectar la productividad y el incentivo a invertir”.
Los tipos de causa
- Por procedimiento, la mayor cantidad de causas ingresadas en 2015 fue del tipo ordinario o general, que es cuando tras una demanda se fija una audiencia en menos de 35 días donde se llama a las partes a conciliarse. De no ser así, el juez define los pasos a seguir.
- El procedimiento monitorio se trata de juicios que contemplan sólo una audiencia, siempre y cuando los montos demandados sean igual o menores a 10 ingresos mínimos. Los reclamos se dan en el caso que la Inspección del Trabajo curse una multa administrativa al empleador, quien tiene 15 días para presentar el requerimiento.
- Los casos de tutela son aquellos en los que se afectan los derechos fundamentales de los trabajadores, como actos discriminatorios por raza, sexo, edad, religión, opinión política, entre otras.
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