El pasado domingo entró en vigencia la Ley 21.015 de Inclusión Laboral, la cual establece que las entidades públicas y privadas que cuenten con 100 o más trabajadores deberán reservar el 1% de sus puestos laborales para contratar a personas con discapacidad.
La nueva norma se comenzará a implementar de manera gradual, y los primeros en estar sujetos a esta nueva exigencia serán las firmas con 200 o más trabajadores, a las que posteriormente se sumarán el resto.
Tras realizar una visita en la empresa Dimerc, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, explicó que la medida “impone un desafío enorme a nuestro país y es que, de una vez por todas, tengamos una sociedad más solidaria e inclusiva”, y agregó que como gobierno “queremos llamar a todas las empresas de Chile, a todos los servicios de Chile, a que cumplamos esta ley y que la cumplamos bien”.
En esa línea, el nuevo director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, agregó que “durante el primer año de vigencia de la ley nuestro rol será una fiscalización colaborativa con las empresas, la idea es que podamos contribuir a que las empresas no sólo contribuyan contratando gente en cumplimiento de la ley, sino que se sumen a esta campaña de inclusión”.
Con respecto a las sanciones a las que se exponen aquellas firmas que no cumplan la norma, el director del Trabajo agregó que “las sanciones generales van de 2 a 60 UTM en caso de incumplimiento, pero en el primer año vamos a tener una fiscalización colaborativa”.
Desde el mundo empresarial, el gerente general de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Fernando Alvear, señaló que “nosotros queremos que esto se haga bien, y para eso las empresas tienen que prepararse para hacerlo bien (...) nos interesa que esto se cumpla”.
En esa línea, el secretario general de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Jorge Ortúzar, agregó que “vamos a trabajar mucho con nuestras empresas para poder prepararlas, orientarlas, y darles la asistencia que necesiten para el mejor cumplimiento”.
Cuando se anunció la ley, el anterior gobierno señaló que se deberían crear 2.500 puestos de trabajo en el sector público y 25.000 en el privado.
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