Un nuevo capítulo escribirá el mercado laboral chileno durante este año. El próximo 1 de abril entrará en vigencia la Ley 21.015 sobre Inclusión Laboral, la cual establece entre sus puntos principales que las entidades públicas y privadas que cuenten con 100 o más trabajadores deberán reservar el 1% de sus puestos laborales para contratar a personas con discapacidad.
La ministra (s) de Desarrollo Social, Heidi Berner, explica que la normativa precisamente es más “estricta” con las instituciones del sector público, ya sean autónomas o formen parte de la administración central.
En el caso de las firmas privadas la norma -que fue elaborada entre los ministerios de Desarrollo Social y del Trabajo, junto al Servicio Nacional de la Discapacidad- exige una cuota de inclusión del 1% para empresas de 100 o más trabajadores. En la contraparte estatal, además de dar cumplimiento a la exigencia de la cuota, los distintos actores involucrados deberán realizar una “selección preferente” de personas con discapacidad en igualdad de condiciones de mérito frente a otros aspirantes a un determinado puesto laboral.
“La selección preferente no la tiene el mundo privado, exigencia que sí se da en el ámbito público. La Ley es más exigente con el sector público”, recalcó Berner.
Berner precisa que el requisito de la inclusión también aplica para el caso del Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, el Servicio Electoral, la Justicia Electoral y demás tribunales.
Sin embargo, debido a que son otros poderes del Estado o entidades autónomas, dichas instituciones “deberán dictar sus propias normas necesarias para dar cumplimiento a la ley”, explica la ministra (s), recalcando que no quedan fuera de la exigencia de la cuota.
Ahora, respecto a la forma en que se analizará el cumplimiento de la normativa, Berner precisa que “quién debe velar para que esto se cumpla, obviamente, es el jefe superior de cada servicio”.
Sin embargo, detalla que la fiscalización formal en el caso del sector público será una tarea de la Contraloría General de la República, la cual deberá fiscalizar el cumplimiento de la reserva del 1%; y en el caso del sector privado dicha responsabilidad será de la Dirección del Trabajo.
Berner también destaca que “un punto importante es que no todas las leyes dejan explícita la necesidad de su evaluación, y esta ley tiene un artículo explícito que establece que se debe evaluar su funcionamiento cada cuatro años, pero que en una primera oportunidad es al tercer año”.
Cifras de la propia cartera de Desarrollo Social muestran que en el país hay cerca de 160 instituciones públicas con 100 o más funcionarios, la que podrían aportar cerca de 2.500 puestos laborales.
En el munco privado actualmente hay más de 7.600 empresas que tienen 100 o más trabajadores, las que podrán habilitar más de 25.000 cupos laborales para personas con discapacidad.
“A veces, las políticas públicas para las personas con discapacidad son vistas como desde la lógica del asistencialismo, cuando en realidad las personas con discapacidad lo que quieren es inclusión, e inclusión significa que ellos quieren trabajar igual que todo el resto. Nosotros creemos que con esta ley podemos lograr eso, incluirlos, porque el trabajo dignifica”, recalcó Berner.
Fechas clave para la norma
VIGENCIA DE LA NUEVA LEY La ley entrará en vigencia a partir del 1 de abril de 2018, y será evaluada al tercer año para medir el real impacto de la cuota en el empleo para personas con discapacidad y la eventual mantención o aumento del 1 %.
ABRIL DE 2018 Las empresas de 200 o más trabajadores deberán comenzar a reservar el 1% de sus puestos de trabajo desde el próximo 1 de abril.
ABRIL DE 2019 En el caso de las firmas con 100 o más trabajadores dicha exigencia aplicará desde el 1 de abril de 2019. Esta diferenciación fue para que tuvieran tiempo de adecuarse para recibir a personas con discapacidad.
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