Los gremios que componen la mesa del sector público ya conocen “la mano” del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. En la última discusión del reajuste, el gobierno modificó drásticamente los términos establecidos en 2014, recortando en casi dos puntos el aumento salarial (desde un 6 a un 4,1%) y en más de un 70% el bono por término de negociación (de $ 250.000 a $ 71.000).
Con la desaceleración instalada, ingresos fiscales más estrechos y el discurso del gobierno de “no dañar más la economía” ya pronunciado durante el debate del aumento del salario mínimo, los trabajadores públicos anticipan una negociación compleja. Por lo mismo, esperan adelantarla. El próximo miércoles 6 de julio, los 15 gremios que componen la mesa se reunirán para definir la cifra de reajuste y los bonos que solicitarán al Ejecutivo. La instancia coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentaría su petitorio durante el transcurso del mes, para evitar que del debate coincida con la discusión del Presupuesto 2017.
La mesa del sector público pediría un incremento salarial no inferior al 6%, según las propuestas enviadas por los gremios. Eso sí, aclaran desde la instancia, no está nada resuelto. Lo que sí está claro es que, a diferencia del debate de reajuste del ingreso mínimo, la negociación con los trabajadores del Estado tendrá un correlato en las calles. El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, advirtió que “la experiencia de 2015 hace que decidamos adelantar la discusión y hacer una negociación con las bases alerta y movilizadas”.
Es necesario, agregó, “que los trabajadores públicos comiencen a movilizarse desde ya, para que no ocurra lo que pasó con el sueldo mínimo”.
En la CUT aseguran que el último intento de acuerdo con el gobierno dejó las confianzas “fracturadas”. Por eso, la presidenta de la multigremial, Bárbara Figueroa, llamó al Ejecutivo a “no cometer el error de tratar de imponer negociaciones a más tiempo, con el sólo objetivo de no tener que enfrentar una nueva, en el marco de elecciones parlamentarias”. La dirigente alude al acuerdo por dos años que logró la Nueva Mayoría, para eludir un nuevo debate en 2017, año de elecciones parlamentarias y presidenciales.
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