El próximo lunes, cerca de las 18 horas, se conocerá el contenido del fallo del Tribunal Constitucional (TC), que derribó la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación sindical, dos pilares de la reforma laboral. El insumo es fundamental para conocer las objeciones específicas a ambos elementos, lo que permitirá al gobierno despejar el camino para intentar “equilibrar” nuevamente el proyecto, ahora sin titularidad.
En eso han estado ocupados los ministros de Hacienda, Trabajo y la Secretaría General de la Presidencia, sus asesores y el abogado laboralista Francisco Tapia durante estos días. Pero no sólo en la fórmula para corregir la reforma, también en los contenidos del eventual veto presidencial o una ley corta. O ambos.
Según fuentes que han participado del proceso, en Trabajo está el convencimiento de suprimir los pactos de adaptabilidad. En Hacienda, sin embargo, no existe esa convicción. Por el contrario, “no quieren tocarlos”. ¿La razón? La flexibilidad laboral es un viejo anhelo del empresariado, por lo que retirarla podría tensionar nuevamente las relaciones con el mundo privado.
En lo que sí coincidirían ambas carteras, es que la titularidad sindical no se puede reponer, lo que está relativamente internalizado en la Nueva Mayoría.
Este miércoles, el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, se reunió con las bancadas de diputados del PS y el PC. Esta última, en sintonía con los senadores socialistas, solicitó que el gobierno presente un veto supresivo para eliminar no sólo los pactos de adaptabilidad, también el aumento en los quórum para la constitución de sindicatos, los servicios mínimos y las adecuaciones necesarias en la huelga.
“Para equiparar la reforma laboral hay que suprimir aquellas concesiones que se entregaron a los empresarios, porque había titularidad”, expresó el diputado comunista, Lautaro Carmona.
Este veto, agregó el legislador, “no debería ser contradictorio con una ley corta que precise la relación entre un sindicato y un grupo negociador”.
Eyzaguirre, según comentó un parlamentario que asistió a la reunión, “no entregó avances sobre la fórmula que utilizará el gobierno, tampoco adelantó plazos”. Lo que sí habría hecho es conocer la opinión de los legisladores oficialistas, específicamente sobre los pactos de adaptabilidad y el aumento en los quórum.
El gobierno, si decide modificar esos aspectos, no estaría dispuesto a reabrir viejos debates y polémicas entre el sector “conservador” del oficialismo y el “progresista”. El asunto es que las diferencias ya se evidencian.
“¿Por qué le van a pasar la cuenta a las pymes por una decisión del TC sobre la titularidad?”, se cuestionó el senador del PPD, Eugenio Tuma, sobre la eventual eliminación de la flexibilidad de la reforma laboral. “No tienen ninguna relación”, agregó.
Sin embargo, el presidente de la colectividad, el senador Jaime Quintana, aseguró que “el PPD está por el equilibrio en la relación entre trabajadores y empleadores” y que “al haberse caído buena parte de este equilibrio (con la titularidad), hay que reponerlo, independiente de la fórmula”, aludiendo a los pactos y los quórum, la fórmula sugerida por el Ministerio del Trabajo.
La senadora y presidenta de la DC, Carolina Goic, también comprometió el respaldo del partido al camino trazado por la ministra del Trabajo, Ximena Rincón. “Si se cae titularidad, tenemos que evitar que un grupo negociador quede en mejores condiciones que un sindicato, porque eso atentaría contra el espíritu de la reforma”, sostuvo. Y agregó: “Todos en la DC hemos reafirmado que estamos por reconocer al sindicato por sobre el grupo negociador”.
El gobierno presentaría esta semana la fórmula para modificar la reforma laboral. La encargada de tomar la decisión será la presidenta Michelle Bachelet, que retornó ayer de su visita a la Región de Magallanes.
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