Este martes la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados recibirá al presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, y al timonel de la Conapyme, Rafael Cumsille, para escuchar sus planteamientos frente al proyecto de reforma laboral que se discute en primer trámite legislativo.
Asimismo, está contemplado que asistan a otras sesiones de regreso del receso de febrero las demás ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y otros gremios que agrupan a sectores productivos específicos.
De esa manera, la instancia -que preside Tucapel Jiménez y que desde mediados de marzo tendrá como titular a Lautaro Carmona- tomará nota de las observaciones de los privados respecto de la iniciativa de gobierno. El texto legal debería comenzar a votarse luego de escuchar la opinión de los actores involucrados.
En ese contexto, varios agentes privados ya han realizado una lectura a fondo respecto de las implicancias de la agenda laboral presentada el pasado 29 de diciembre.
Hace dos semanas la CPC expuso un crítico juicio frente a la iniciativa, alegando que ésta vulnera derechos fundamentales y busca elevar artificialmente la tasa de sindicalización, a través de la titularidad sindical.
La multigremial también expresó su rechazo al fin del reemplazo en huelga y planteó la opción de sustitución de personal sólo a partir del quinto día de iniciado el paro.
Otros representantes del sector corporativo han enfocado su preocupación en la fórmula para fijar los servicios mínimos y los equipos de emergencia en caso de que se llegue a la huelga.
El articulado del Ejecutivo en este punto establece que los servicios esenciales deberán ser acordados por el empleador y el sindicato antes o al inicio de la negociación colectiva. La atención de los servicios deberá realizarse a través de uno o más "equipos de emergencia" dispuestos por los trabajadores involucrados en el proceso de negociación.
A falta de acuerdo, resolverá la Inspección del Trabajo previa fiscalización y con informes técnicos de organismos públicos y privados. La resolución será reclamable ante un tribunal del trabajo a través del procedimiento monitorio.
Personeros involucrados en firmas que operan con activos vivos como salmoneras y productoras de pollos y cerdos, advierten que así como está hoy el texto será díficil que haya acuerdo entre las partes para fijar los servicios mínimos, por lo que ven riesgo de que aumente la judicialización entre las partes previo al inicio de un paro legal.
Las mismas fuentes agregan que esta situación generaría trabas y en algunos casos paralización de procesos productivos esenciales dentro de las empresas, lo que tendría efectos nocivos en rentabilidad y empleo.
Reconocen que ya expusieron de este riesgo a las autoridades del Ministerio del Trabajo y al subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, y adelantan que también informarán del tema a los diputados de la comisión de Trabajo.
Algunos privados ven espacio para ajustes, introduciendo la figura de un panel de expertos en la fijación de los servicios y que los equipos de emergencia sean operados por personal no sindicalizado.
La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, descartó riesgos de judicialización y dijo que la fórmula planteada está en línea con el respeto de la institucionalidad.
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