Su último examen rindió en el Tribunal Constitucional (TC) la reforma laboral, proyecto del gobierno que tuvo una dilatada y ardua tramitación legislativa, que comenzó en diciembre de 2014.
Y el resultado fue positivo, salvo por un pequeño traspié: el organismo objetó el artículo 402 de la reforma, que permite a los empleadores y los sindicatos “reclamar la determinación de las empresas sin derecho a huelga. El tribunal eliminó la palabra “sindicato” y dejó la prerrogativa sólo en las compañías, argumentando que la disposición “es coincidente con la idea de titularidad sindical, la cual es incompatible con la Constitución”.
El resto de los artículos sometidos al control preventivo obligatorio del TC pasaron la prueba, por lo que el proyecto que moderniza las relaciones laborales quedó en condiciones de promulgarse y convertirse en ley de la República, aunque con “pocos avances y varios pendientes”, según concuerdan al interior de la Nueva Mayoría.
El Ministerio del Trabajo señaló que “acata el fallo del TC”. También llamó “a trabajadores y empleadores, en conjunto con el gobierno, a implementar los cambios en post de mejores relaciones laborales en el país”. Un asesor del Ejecutivo señaló, en relación al control preventivo y la derogación de la palabra sindicato del artículo 402, que “no cambia en nada lo que ya se tenía, ya que es un elemento muy residual y específico, que dice relación con quién tiene la titularidad para reclamar ante tribunales la calificación de empresas sin derecho a huelga”.
La mirada técnica
El abogado y asesor legislativo de Chile Vamos, Sergio Morales, aseguró que la objeción del artículo 402 “es un recordatorio del TC, que dentro de sus posibilidades intenta dejar claro a los órganos que van a interpretar la norma laboral que, de acuerdo a la Constitución, los titulares de los derechos son los trabajadores y no las organizaciones sindicales”.
¿Por qué el TC no eliminó el concepto sindicato del resto de artículos sometidos al control obligatorio? “Quizá fue una omisión involuntaria”, expresó Morales, quien reiteró que lo más relevante, a su juicio, es la advertencia que efectuó el TC en relación a la inconstitucionalidad de todas las normas que “huelan a titularidad sindical”.
El experto en derecho laboral de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, calificó esta lectura -compartida por los legisladores de la oposición- como “una ilusión” y expresó que “el resultado real del recurso de la derecha es que los grupos negociadores quedaron fuera de la ley (por la derogación del artículo que norma sus procedimientos y facultades para negociar)”.
Hoy, agregó Ugarte, “el único sujeto reconocido en el Código del Trabajo es el sindicato”.
La visión política
La presidenta de la comisión de Trabajo del Senado, Adriana Muñoz (PPD), dijo valorar “que se haya tramitado un proyecto que propuso fortalecer los derechos colectivos de los trabajadores y que logró avanzar a medias”. La senadora dijo lamentar la resistencia que tuvo la derecha con la titularidad sindical.
Melero (UDI) pide norma adecuatoria para evitar judicialización
La tramitación de una ley corta para adecuar la reforma laboral al fallo del TC, específicamente a la regulación de los grupos negociadores, "no demoraría más de dos semanas", según los pronósticos que existen en el Ministerio del Trabajo. El problema, reconocen, es que esa norma tiene que tener el total respaldo de la Nueva Mayoría y de la oposición, escenario más que complejo si se considera la tramitación del proyecto en el Congreso. La base de un eventual texto, que Hacienda y Trabajo siguen evaluando, sería el artículo 314 bis del actual Código del Trabajo, que establece las normas mínimas para la negociación de los grupos de trabajadores.
En la derecha no sólo hay espacio para una ley corta, sino que la demandan. El diputado de la UDI, Patricio Melero, afirmó que "el proyecto, en los términos que sale del TC, provocará la inevitable judicialización de varias de sus normas, especialmente lo que se refiere la regulación de los grupos negociadores y la huelga, donde se traspasa la facultad a los tribunales para ir, por la vía de la jurisprudencia, interpretando la reforma". Por eso el legislador dijo esperar que "el gobierno se allane a plantear una ley adecuatoria".
Sin embargo, desde el oficialismo cierran completamente esa puerta. La presidenta de la comisión de Trabajo del Senado, Adriana Muñoz (PPD), fue categórica: "No estoy de acuerdo con una ley adecuatoria por principios. Existió un mal trabajo del Tribunal Constitucional, que emitió un fallo político con absoluta falta de rigor jurídico, que pulverizó el proyecto aprobado por el Parlamento y que dejó en desequilibrio el proyecto. La derecha tiene que asumir los costos de haber recurrido al TC".
"Es importante registrar esta situación para poder proponer un avance a través de otro proyecto de ley, con otro Congreso, otros parlamentarios y otro TC, con otras facultades y atribuciones", expresó la legisladora.
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