Las discrepancias al interior del gobierno explican la indefinición en la que ha permanecido La Moneda, en relación a los cambios que introducirá a la reforma laboral, con el objetivo de equilibrar nuevamente el proyecto, ahora sin la titularidad sindical que eliminó el Tribunal Constitucional (TC).
Y las diferencias no son sólo de forma, sino que de fondo. En la forma, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, es partidaria de usar el veto presidencial; pero el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, se inclina por una ley corta. En el fondo, la primera quiere suprimir o modificar los pactos de adaptabilidad y el aumento en los quórum para la creación de sindicatos; el segundo no quiere tocar esos elementos. “Sin el fortalecimiento sindical, la flexibilidad laboral pierde sentido”, es la lectura de Trabajo.
De esa pelea no ha podido salir aún el gobierno. Será la presidenta Michelle Bachelet la que defina la magnitud de los cambios que introducirá a la reforma laboral. La norma de servicios mínimos también está sobre la mesa y, nuevamente, es un foco de conflicto entre las citadas carteras. Hasta el momento, sólo una cosa estaría resuelta: se utilizará el veto presidencial, para los elementos laterales del proyecto; y una ley corta para “privilegiar” el papel de los sindicatos en la negociación colectiva, en relación a los grupos negociadores. Eso sí, aclaran al interior del gobierno, si el fallo del TC “dice que no se puede tratar a los grupos negociadores respecto de los sindicatos”, no se podrá hacer nada para dejar a las organizaciones sindicales “en mejor pie” que los grupos de trabajadores.
En consideración de ese elemento, los asesores de ambos ministerios y el equipo jurídico que defendió la reforma laboral en el TC ya redactan el veto presidencial, aunque por el momento “sólo la carcasa”, ya que falta lo fundamental: los contenidos.
Paciencia es el mensaje
“Nos quedan algunos días”, fue la respuesta que entregó la ministra Rincón al ser consultada por el camino legislativo que tomará La Moneda. El plazo para utilizar el veto vence la medianoche de este sábado.
“Se ha avanzado bastante, (pero) todavía no hay una resolución”, complementó el ministro del Interior, Jorge Burgos. En La Moneda se reunieron, por dos horas y media, el comité político, la ministra Rincón y la Presidenta Bachelet.
Titularidad “de papel”
Varios son los caminos que tiene el gobierno para diferenciar el papel de sindicatos y grupos negociadores en la negociación colectiva. Eso sí, a la espera de lo que diga el TC.
Según el asesor sindical, Juan Vergara, una opción es “reponer la norma del proyecto original, eliminada a última hora, que permitía al trabajador afecto a un convenio de grupo, negociar con el sindicato al que se afilie, aunque el convenio esté vigente. También sancionar como práctica antisindical el armar grupos negociadores después que el empleador negocia con el sindicato, con el objeto de darle los mismos beneficios que aquél; obligar que el grupo negociador pague una cuota sindical equivalente a la del sindicato, y que sea de beneficio fiscal; aumentar el quórum para constituir un grupo negociador y no darles derecho de información.
Lo importante, agrega el abogado de Prosindical, “es al menos desincentivar que los empresarios armen grupos negociadores para darles, sin costo alguno o a menor costo, los mismos beneficios que logró el sindicato y que la existencia de un grupo negociador no sea obstáculo para la conformación y funcionamiento de un sindicato”.
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