Reforma laboral sale hoy del Congreso y se encamina a duro round en el TC

No habrá espacio para felicitaciones ni abrazos. Sólo el agrado de cumplir con un objetivo que se postergó innumerables veces y que, incluso, estuvo en duda, por las profundas diferencias en la Nueva Mayoría. Hoy el Congreso despachará, después de casi 14 meses de tramitación, la reforma laboral.

Durante la mañana, la Cámara votará el informe de la comisión mixta; por la tarde, será el turno del Senado.

Sin embargo, la promulgación quedará en suspenso, ya que durante esta misma jornada -o a más tardar mañana-, la oposición impugnará, en el Tribunal Constitucional, cuatro tópicos del proyecto: titularidad sindical, extensión de beneficios, negociación colectiva interempresa y derecho de información. “No queremos que el gobierno ‘nos pase un gol’ con la promulgación”, sostuvo un legislador del bloque, explicando la premura.

Con la decisión de la derecha, la promulgación del texto quedaría suspendida entre 30 a 45 días. El requerimiento fue elaborado por un grupo de abogados liderados por el jurista Gastón Gómez, del estudio Eluchans y Compañía. La Fundación Jaime Guzmán también participó del proceso.

En el oficialismo existe una relativa tranquilidad con la defensa del proyecto en el TC. Desde el inicio del debate legislativo que el gobierno maneja informes en derecho y ya contactó a abogados constitucionalistas que formaron parte del comando presidencial de Michelle Bachelet.

El presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS), aseguró que “el gobierno está convencido que no hay problemas de constitucionalidad y esa declaración me satisface. (Pero) siempre cuando uno recurre a un tribunal hay cierta incertidumbre”.

La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, sostuvo que el Ejecutivo “va a defender los principios que inspiran el proyecto” y que “espera salir victorioso de aquello”.

Comisión mixta

Los seis senadores y diputados oficialistas que integraron la comisión mixta honraron el acuerdo alcanzado con el gobierno en la Cámara y respaldaron todas sus indicaciones. Así, la instancia aprobó los cinco cambios introducidos por el Ejecutivo.

El primero es “la mochila”, que amarra a un trabajador al contrato colectivo logrado por un grupo negociador y le impide acceder a nuevos beneficios.

El segundo es el que obliga a las empresas a entregar la planilla de remuneraciones de los trabajadores afiliados al sindicato y la información estratégica que incida en la política futura de inversiones.

El tercero restituye la obligatoriedad de la negociación colectiva interempresa para medianas y grandes compañías, y establece como voluntario este diálogo en micro y pequeñas firmas.

La cuarta modificación elimina el concepto “pacífico” en la huelga (ver recuadro hitos).

lo aprobado en la mixta

Violencia. Gobierno eliminó concepto "pacífico" de la huelga, incorporando una norma para sancionar que "por medio de la fuerza, se impida durante la huelga el ingreso a la empresa del personal directivo o de los trabajadores no involucrados en ella".

Subcontrato. Se castiga "la contratación directa o indirecta de los trabajadores en huelga de una empresa contratista o subcontratista, por parte de la empresa principal".

Interempresa. La negociación colectiva sólo se puede promover con sindicatos interempresas que agrupan a colectivos de similar tamaño y de rubros o actividades económicas similares. Será obligatoria para medianas y grandes empresas.

Información. Micro y pequeñas empresa no estarán obligadas a entregar "información estratégica para futuras inversiones". Medianas y grandes sí. A todo nivel, las firmas deberán entregar la planilla de remuneraciones de los afiliados al sindicato que lo soliciten.

cpc endure críticas a nueva ley

Con los dirigentes de las seis ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), su presidente, Alberto Salas, emitió ayer a primera hora una declaración en el marco de la tramitación de la reforma laboral en la comisión mixta. Reiterando que es un "mal proyecto" y que "yerra en su foco", aseguró que esta iniciativa "es un acuerdo político que busca artificialmente darle más poder a los sindicatos desequilibrando la relación entre empresa y trabajadores. Nos preocupan a futuro dos proyectos que van en contra de la productividad y el crecimiento, que son las iniciativas que regularán la subcontratación y la polifuncionalidad en los contratos de trabajo". Dijo que el "verdadero diálogo social ha estado ausente".