Aunque no hay invitaciones formales para participar de ceremonias y aplausos, durante la semana, el gobierno comenzó a coordinar uno de los pasos más importantes de la reforma laboral: su promulgación.
Si bien hasta ayer al mediodía algunos parlamentarios ya habían recibido llamados telefónicos para que “reservaran” la mañana del lunes, en horas de la tarde se confirmó que la promulgación se realizará el lunes a las 10.00 horas en La Moneda.
Así, los rumores de cambio de gabinete y las elecciones que enfrentan por estos días algunos gremios, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), no fueron motivo para atrasar el avance de una de las principales reformas del Ejecutivo, que tardó 464 días en ser aprobada y debió sortear más de una valla en el Tribunal Constitucional (TC).
De todas formas, de existir un cambio de planes por parte de Presidencia, los plazos en juego no permitirían mayores holguras, por lo que la primera semana de septiembre el mercado del trabajo ya estaría frente a una nueva legislación.
Los principales actores del mundo laboral ya piensan en las posibilidades de una posible ley adecuatoria que permita perfeccionar los inconvenientes que vayan apareciendo en el camino. Precisamente, mientras la reforma se encontraba entrampada en el TC, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, en conversaciones informales, habría explorado la posibilidad de impulsar una ley adecuatoria, buscando puntos de encuentro con parlamentarios de la oposición. Sin embargo, Rincón habría dejado en claro que esta opción se podría materializar, pero bajo ciertas condiciones, como garantizando que los grupos no negocien de la misma forma que los sindicatos. Una forma de lograrlo sería estableciendo un procedimiento especial. La lectura de la oposición, en ese minuto, fue que la ministra simpatizaba con una ley adecuatoria que “no era respetuosa del fallo” y que, por lo tanto, intentaba impulsar una “titularidad sindical encubierta”.
De hecho, en julio, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró que “el gobierno nunca ha cerrado las puertas a tener una conversación sobre una reforma necesaria para desjudicializar (el proyecto)”. Agregó que el Ejecutivo siempre ha estado “abierto a esa conversación con la oposición”, recalcando que La Moneda buscó la vía antes del veto pero que no hubo acuerdo con los parlamentarios de la oposición.
Esperar un año para ajustes
En concreto, la opción de una ley adecuatoria en el corto plazo parece estar descartada, ya que el ánimo de las carteras de Hacienda y Trabajo estaría puesto en el debate previsional y, en el primer caso, en la discusión del Presupuesto.
En la misma línea, parlamentarios de la Nueva Mayoría ya advierten que no serán partidarios de impulsar este tipo de iniciativas apenas se promulgue el texto. Más bien creen “responsable y viable” que se le dé a la reforma al menos un año para que demuestre sus debilidades.
Sobre este plazo, la senadora de la comisión de Trabajo del Senado, Adriana Muñoz, explica que contemplar un año podría dar espacio para delimitar claramente las materias que ameritan ajustes o perfeccionamientos y evitar que se levanten otras demandas ajenas a las contempladas en la nueva ley.
El presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, Patricio Vallespín, coincide en esta postura, planteando que esperar un año, luego del período de vacancia de seis meses contemplado para la reforma, es un plazo “razonable” para comenzar a analizar ajustes. “Hay que dejar que se aplique”, enfatiza.
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