Dos objetivos persigue el nuevo requerimiento que la oposición presentará hoy, en el Tribunal Constitucional (TC), contra algunos pilares de la reforma laboral.
El primero es “dar pelea” a nivel comunicacional y enfrentar “la arremetida” de la Nueva Mayoría, que ha relativizado los argumentos de la derecha y la legitimidad del TC, como órgano que fallaría sobre la base de posiciones políticas y no argumentos jurídicos.
Otro elemento que molesta en la oposición es el “desfile de nombres” que se ha instalado en el oficialismo con los abogados encargados de defender la reforma en el TC, donde aparecen, por ejemplo, Fernando Atria, Francisco Zúñiga, Paulina Veloso y Francisco Tapia.
El segundo objetivo de la ofensiva de la UDI y RN es “perfeccionar” algunas imprecisiones en la impugnación que presentaron, el jueves pasado, los senadores de ambos partidos, aunque “son de forma y no de fondo”, según aclararon desde el bloque.
Por eso el requerimiento que esta vez formularán los diputados de la oposición cuestiona los mismos cuatro puntos de la reforma: la titularidad sindical, la extensión de beneficios, la negociación colectiva interempresa y el derecho de información.
Nuevamente, en el conglomerado reconocen que los dos primeros son “los más ganables” y que, con interempresa e información, “puede pasar cualquier cosa”.
Dudas en la oposición
Fueron el senador de RN, Andrés Allamand, y el abogado que patrocina el primer requerimiento, Gastón Gómez, los que contactaron a primera hora de ayer a sus asesores, para informar que habían acordado presentar un segundo escrito en el TC, ahora con los diputados.
Esto obligó a algunos asesores a trasladarse a Valparaíso, para conseguir las cerca de 30 firmas para cumplir con el requisito de apoyo a la impugnación, de ¼ de los integrantes de la instancia.
Según fuentes del proceso, el primer requerimiento no logró ser presentado con la redacción correcta, lo que fue advertido por el equipo de asesores de la oposición. Una apreciación similar tienen en el oficialismo.
NM mueve sus piezas
En la Nueva Mayoría existe una relativa tranquilidad por el proceso que se desarrolla en el TC, ya que hay un diagnóstico compartido: los argumentos esgrimidos por la oposición para cuestionar la constitucionalidad de la titularidad sindical, la negociación colectiva interempresa y el derecho de información “son débiles”.
En el bloque admiten, eso sí, que extensión de beneficios se puede perder y es éste el punto donde hay que centrar los mayores esfuerzos de la defensa.
El grupo de juristas encargados de anular los argumentos de la derecha en el TC ya sumó sus primeros dos nombres, según lo confirmó La Moneda.Se trata del abogado constitucionalista Pablo Ruiz-Tagle y el laboralista Francisco Tapia.
El primero elaboró un informe en derecho sobre la reforma laboral, mientras que el segundo destaca por su trabajo en la OIT.
Ambos elementos generan, además, un equilibrio entre los conocimientos constitucionales y laborales que debe tener la defensa del gobierno, según habían solicitado en el oficialismo.
Desde el bloque señalaron que Ruiz-Tagle y Tapia son “personas reconocidas en lo laboral y constitucional” y que ambos podrán “desnudar las debilidades de la presentación de la derecha”.
Esta semana se debería realizar una primera reunión de coordinación entre los abogados contactados por el Ejecutivo y los equipos jurídicos de los ministerios de Hacienda y Trabajo.
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