No es un misterio que el debate legislativo de la reforma laboral provocó varias fisuras al interior de la Nueva Mayoría.
Diferencias que se reabren con el fallo desfavorable del Tribunal Constitucional (TC), que objetó la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación sindical, lo que obligará al Ejecutivo a introducir cambios más profundos en el proyecto, modificando los pactos de adaptabilidad y los quórum para la constitución de sindicatos. La intención es “equilibrar” la reforma.
Definir el mejor camino para ese objetivo, según lo reconoció el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, “le quita tiempo y energías” al gobierno. También “provoca discusiones, como ya las ha provocado esta semana”.
La más sustantiva, sin duda, fue la relativa al uso o no del veto presidencial. La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, anunció el viernes pasado que el gobierno había decidido utilizar esa herramienta. Sin embargo, el domingo, la presidenta Michelle Bachelet señaló que “se estaban estudiando todas las opciones”. Este lunes, los ministros Valdés y el vocero Marcelo Díaz reafirmaban esa orientación, asegurando que “no se ha tomado ninguna decisión al respecto”.
Dirigentes del oficialismo responsabilizaron a Rincón por “arrancarse con los tarros”. Otros fueron más duros en su diagnóstico. Sin embargo, la ministra no se retractó. Por el contrario, se empoderó: “Yo hago afirmaciones responsables de las cosas que converso”, dijo.
La secretaria de Estado alude a una reunión, el jueves pasado, de comité político, en la que todos los ministros -salvo el titular del Interior, Jorge Burgos- habrían respaldado el uso del veto presidencial. Díaz, Valdés y Nicolás Eyzaguirre, de la Secretaría General de la Presidencia, habrían aprobado utilizar esa herramienta e informarlo, para “dar una señal”.
¿Qué cambió desde ese encuentro? Se habría impuesto la postura de Burgos, a la que se habría sumado Valdés, respecto de no vetar el proyecto sin conocer el contenido del fallo del TC. El plazo para presentar el veto vence este fin de semana; la resolución del tribunal se conocería el lunes 9 de mayo.
Eso sí, al interior de La Moneda descartan que el gobierno le “haya quitado el piso a la ministra Rincón”, pero reconocen que el plazo es una complicación para definir el mejor camino.
Este martes continuaron los encuentros de coordinación. En La Moneda se reunieron los ministros Díaz, Burgos, Eyzaguirre, Valdés y Rincón, junto a los asesores de los ministerios y el abogado laboralista Francisco Tapia, quien expuso la postura del Ejecutivo en el TC.
“En cuanto identifiquemos el mejor camino, lo vamos a comunicar”, sostuvo al término del encuentro el vocero Díaz, quien descartó que el gobierno analice una interpretación distinta que permita postergar el plazo final para el veto, como lo planteó el senador de la DC, Andrés Zaldívar.
“Estamos trabajando con lo que parece ser la interpretación universal, que el plazo vence este sábado”, afirmó el portavoz de La Moneda.
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