En ambos bloques -Chile Vamos y Nueva Mayoría- confían en la decisión que tomará el Tribunal Constitucional. Los primeros, en que la instancia declarará -total o parcialmente- inconstitucionales cuatro puntos de la reforma laboral, específicamente la titularidad sindical, la extensión de beneficios, el derecho de información y la negociación colectiva interempresa. Los segundos, en que el organismo rechazará la impugnación presentada por la derecha.
Por eso, en los dos conglomerados calificaron como “una buena noticia” la resolución del TC, que ayer declaró admisibles los requerimientos presentados por los diputados y senadores de la oposición, y acumuló ambas causas en un solo procedimiento.
Desde hoy, el gobierno tiene cinco días para formular sus observaciones, las que podrá profundizar el próximo martes, cuando se desarrollen los alegatos. En la esquina del Ejecutivo estarán los abogados Francisco Tapia, Javier Couso, Carlos Mackenney y Andrés Aylwin; en representación de la oposición, los abogados Gastón Gómez y Patrick Raby.
El presidente de la UDI, Hernán Larraín, destacó positivamente la declaración de admisibilidad, afirmando que “si bien es meramente formal, confirma que el requerimiento tiene sólidas bases jurídicas”.
Desde la vereda opuesta, el jefe de la bancada de diputados del PS, Juan Luis Castro, concordó en que admitir el recurso “es una buena decisión”, pero discrepó con Larraín, asegurando que la reforma laboral “cumple con los principios constitucionales y, además, beneficiará a los trabajadores”.
TC convocó a audiencias
Un día antes de los alegatos, el lunes 25, se desarrollarán las audiencias públicas para las instituciones interesadas en la causa. Por la derecha, la Fundación Jaime Guzmán y el Instituto Libertad y Desarrollo participarán en el proceso. Ambos focalizarán sus intervenciones en la titularidad sindical y la extensión de beneficios, los puntos “donde existe más espacio para tener un resultado positivo”. La base argumental será que ambas normas “atentan contra la libertad de asociación y sindicalización, ya que las personas estarían obligadas a acceder a un sindicato para obtener mejores condiciones salariales y laborales”.
Desde el oficialismo, las bancadas de diputados del PS y la DC también confirmaron su participación en las audiencias. El presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, Patricio Vallespín (DC), sostuvo que el requerimiento de la derecha “no es sustentable” y recordó que la afiliación “es completamente voluntaria”. Sobre la supuesta “sindicalización forzosa”, el legislador expresó que “si cada trabajador siente que es conveniente estar en el sindicato, eso es convencimiento y no una obligación”.
El plazo para inscribirse en las audiencias se cierra este viernes, a las 16.00 horas. Desde hoy, el TC tiene 10 días, además de 10 más como prórroga (que habitualmente se utilizan), para entregar su resolución. De ser así, el lunes 9 de mayo se conocería el fallo del tribunal.
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