“Se buscará avanzar, entre otras materias, en la mejora de la conceptualización de los servicios mínimos y lo establecido en relación con el procedimiento de negociación de grupos negociadores, garantizando certezas jurídicas que permitan avanzar hacia el logro de la paz social en las relaciones laborales”. Esto es parte de lo que se puede leer en los anexos a la cuenta pública que el presidente Sebastián Piñera presentó en junio de 2018.
A casi un año de ello, el Ministerio del Trabajo -liderado por Nicolás Monckeberg-, aún no presenta las “correcciones” a la reforma laboral de la anterior administración de Michelle Bachelet, pese a haber sido una de las promesas centrales en periodo de campaña.
Desde el mundo empresarial han señalado la relevancia de introducir cambios al término de la huelga, servicios mínimos y grupos negociadores, sin embargo, el tema -según cercanos a la cartera- se postergaría.
¿Las razones? Las amplias diferencias con algunos sectores de la oposición en materias laborales, lo que quedó de manifiesto luego de que el Gobierno presentará el proyecto de adaptabilidad, el cual fue calificado por algunos parlamentarios como una propuesta regresiva en derechos laborales; y el poco espacio legislativo que tiene el Ejecutivo para ingresar nuevas propuestas, ya que actualmente se tramitan dos de las principales reformas de la actual administración, la tributaria y la previsional.
Rechazo legislativo
Si el gobierno decidiera impulsar su proyecto, se encontraría con un fuerte rechazo al interior de la oposición, desde donde son claros en señalar que no están disponibles a retroceder en derechos laborales.
Así lo ve la senadora DC e integrante de la comisión de Trabajo del Senado, Carolina Goic, quien plantea que ve muy difícil introducir cambios “si lo que se quiere es retrotraer los avances en negociación colectiva”, agregando que “se pueden siempre perfeccionar algunas normas, pero si el gobierno quiere volver atrás en el no reemplazo en huelga sabe que no tiene los votos”.
Una opinión en la misma línea dio Adriana Muñoz, titular de la comisión de Trabajo del Senado, quien agregó que “voy a oponerme a todo lo que signifique un retroceso en lo poco y nada que avanzamos en la anterior reforma”.
En la Cámara de Diputados el escenario no es muy diferente para el Ejecutivo. El parlamentario PS, Gastón Saavedra, dijo que “no debiera haber margen político para cambios a la reforma laboral de la presidenta Bachelet (...) hay que cautelar y proteger lo avanzado en materia de derecho de los trabajadores”.
Lo dichos de Saavedra fueron ratificados por su colega en la comisión, el diputado PPD Tucapel Jiménez, quien planteó que “ellos le llaman ‘corregir’, como si hubiese un error, pero en el fondo lo que quieren hacer es cambiar algunas cosas para favorecer a otros. Tengo esa convicción y no la voy a cambiar, la única forma en que los trabajadores pueden cambiar sus condiciones es a través de sindicatos fuertes”.
En la vereda contraria el diputado UDI, Patricio Melero, insistió en que el gobierno debe cumplir con los compromisos que adquirió en materia de reformas laborales. Pero con respecto a la oportunidad para ingresar el proyecto, el parlamentario reconoció que tiene que ver con “el despacho de otras iniciativas de ley que están congestionando la agenda legislativa en la Cámara y en el Senado, de manera tal que la oportunidad no tiene que ver sólo con la oportunidad política, sino que también con los tiempos legislativos”.
Según cercanos a la cartera, el proyecto se postergaría para fines de 2019, por lo que se encuentran atentos a lo que el mandatario diga al respecto en la cuenta pública que presentará mañana.
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