Más de $ 58 millones deberá pagar minera Escondida a un trabajador desvinculado de la empresa por sus comentarios a través de un grupo en Whatsapp en contra de un colega. La polémica tuvo su origen a fines de 2017, en medio de la crisis sindical que se dio entre los trabajadores de la minera, la cual se gatilló luego de una huelga de 44 días a inicios de ese año.
El conflicto, protagonizado por Rodrigo Rojas, inició luego de que se comenzara a hablar de la conformación de una nueva organización sindical al interior de los trabajadores, liderada por los disidentes al Sindicato N° 1 de Trabajadores de Minera Escondida, entre ellos Frankie Fritis.
Los conflictos sindicales
A través de un grupo en Whatsapp, en el cual participaban los trabajadores de los turnos A y D de la minera, Rojas junto a otros colegas, además de hablar sobre actividades recreativas, comenzaron a comentar la posible formación de otra organización sindical, señalando los trabajadores impulsores de esa idea eran unos "traidores" y "vendidos".
Con el paso de los días, el conflicto interno fue escalando, hasta que los comentarios en contra de Fritis comenzaron a ser presenciales. Según se lee en el documento, Rojas junto a sus colegas cada vez que Fritis y sus pares ingresaban a los comedores emitían una serie de insultos "haciendo ruido con sus cubiertos y platos, con objeto de demostrarles su molestia con la posible constitución de un nuevo sindicato", dice el texto.
Es en este contexto en el cual Rojas habría planteado en el grupo en whatsapp "en forma de broma" -según se lee en el fallo- la idea de contratar a unas "ninjas" para "pitearse" a los impulsores de la iniciativa sindical, señalando que valía $ 200 mil dicha acción.
La conversación se filtró, y llegó a manos de Frankie Frites, uno de los disidentes, quien presentó una denuncia en la empresa, acusando amenazas en su contra.
Escondida inició una investigación, y el día 15 de mayo de 2018 se le comunicó a Rojas su despido, acusándolo de acoso laboral.
"Por medio de la presente carta notifico a usted que Minera Escondida Limitada ha resuelto poner término a su contrato individual de trabajo a partir de esta fecha, por las causales establecidas en el número 1, letra f) y en el número 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, "Conductas de acoso laboral" e "Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato", cita el fallo.
En esa línea, la firma precisó que los fundamentos del despido se fundan en una investigación de la empresa, en la cual "se pudo constatar en forma fehaciente que a partir del día 13 de diciembre de 2017 se viralizó entre los trabajadores que se desempeñan en el turno O de la compañía, una serie mensajes consistentes en capturas de pantallas de conversaciones de whatsapp entre trabajadores del turno A y O domiciliados en la ciudad de Iquique. El contenido de estos mensajes incluye comentarios ofensivos y denigratorios efectuados en contra de otros trabajadores de la Empresa. Lo anterior se agrava por el hecho que se efectúan amenazas de muerte en contra de un trabajador de la Compañía".
Fallo sorpresivo
Rojas demandó a la minera Escondida y acusó un despido indebido, argumentando que no se respetó su derecho a la "inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada".
El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, acogió la denuncia de vulneración de derechos fundamentales y demanda de cobro de prestaciones contra la firma, ordenando a minera Escondida pagar una indemnización de $ 12.222.828 correspondiente a 6 meses de la última remuneración mensual de conformidad al artículo 489 inciso 3 del Código del Trabajo, más $ 40.335.332 por indemnización por años de servicios aumentada en un 80%, $ 2.037.138 por indemnización sustitutiva del aviso previo, más otras prestaciones.
En total, Escondida deberá pagar a Rojas un monto de $ 58.331.443.
"En mi concepto cuando uno mantiene una conversación por un medio de red social, y deposita sus comentarios en ese medio, la información ya escapa del interviniente, porque es un mecanismo al cual tienen acceso más intervinientes, por tanto pasa a ser dominio de todos y deja de ser privado, a diferencia de lo que señala el fallo", señaló Jorge Arredondo, director del grupo Laboral de Albagli Zaliasnik (AZ).
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