Que los trabajadores sean parte de la riqueza que generan las empresas es el lema con el cual el diputado PPD, Tucapel Jiménez, ha impulsado el proyecto de ley que busca modificar el sistema de gratificaciones, el cual hace unos días fue despachado al Senado.
Y si bien por Ley las firmas deben realizar reparto de utilidades entre sus dependientes, hay compañías que han decidido dar un paso más allá e implementar otros mecanismos para incorporar a los trabajadores en la propiedad de las mismas: cooperativas y stock options.
Un caso es el de Próxima Servicios, firma fundada por Claudio Seebach, Matías Fernández, Juan José Ledermann y Eduardo Castillo, que se dedica a prestar servicios de limpieza, mantención y reciclaje, entre otros, a través de un modelo de "supercontratación".
"Supercontratación es nuestra forma de llamar a la subcontratación realizada buscando generar triple impacto", explica la firma en su portal web. Se trata de un concepto que no es otra cosa que prestar un servicio basado en buenas prácticas, "tomando decisiones que no sólo maximicen utilidad si no que maximicen rentabilidad social en toda nuestra comunidad, minimizando nuestro impacto ambiental, aun cuando ello signifique, muchas veces, un costo económico adicional".
Para integrar más activamente a los trabajadores en la estructura del negocio, la empresa creó una cooperativa, la cual es dueña del 10% de la misma.
El presidente ejecutivo de Próxima Servicios, Eduardo Castillo, explica que los trabajadores tienen derecho a ser socios de dicha organización -sin costo- luego de tres meses en la firma.
Aunque los accionistas pueden acordar que no haya reparto de utilidades, el grupo fundador decidió que los trabajadores, a través de la cooperativa, siempre pueden acceder a su parte de las utilidades.
"Nosotros definimos que siempre la cooperativa puede retirar el total del 100% de las utilidades que le corresponden, aunque el resto de los accionistas no haga retiro de utilidades", explica Castillo.
"Nuestro segmento de trabajadores no está preocupado como primera opción de construir un patrimonio, está preocupado de sus flujos mensuales. Entonces, queremos que la utilidad la reciban", agrega.
Una vez que recibe el 10% de la utilidad, en una asamblea la cooperativa decide lo que se hace con el dinero. En general, dice Castillo, se acuerda que se reparta en su totalidad.
Justo y su camino
La startup chilena Justo es otra de las empresas que quiso avanzar en la incorporación de los trabajadores a la estructura del negocio.
Nicolás López, CEO de la entidad, explica que la empresa impulsa un plan de stock options, mediante el cual los trabajadores pueden participar de su propiedad.
"Es un beneficio que se le entrega a los trabajadores de Justo, para que puedan ser dueños de la empresa en todos los países donde se encuentran a través de la adquisición de acciones a un costo muy bajo. Al firmar este contrato, y a un plazo de cuatro años estando en la empresa, reciben un paquete de acciones", precisa.
La motivación tras esta idea, según López, es lograr que los trabajadores sientan que parte del lugar donde trabajan es suyo, "que están construyendo algo a largo plazo para la empresa pero también para ellos, además de generar una mayor motivación y compromiso de su parte. Finalmente que sean más felices en el lugar donde trabajan", dice.
Con este modelo, opina López, han observado un mayor compromiso por parte de los trabajadores, y una motivación mayor a permanecer y desarrollarse al interior de la firma.
"Hemos visto colaboradores más comprometidos, más felices, pensando en quedarse a largo plazo", acotó López.
Lo que propone el proyecto que
modifica el sistema de gratificaciones
El proyecto impulsado por el diputado Tucapel Jiménez, que fue despachado al Senado, propone que los montos de utilidades a repartir por las empresas dependerán de la facturación anual de cada firma.
Así, la distribución del beneficio será del 8% para aquellas empresas que tengan una facturación anual igual o superior a 2.400 UF e inferior a 25.000 UF y 10% para las que tengan una facturación anual igual o superior a 25.000 UF e inferior a 100.000 UF.
Para las firmas que tengan una facturación anual igual o superior a 100.000 UF, el porcentaje a repartir será del 15%.
"La utilidad líquida a repartir se dividirá por partes iguales entre la totalidad de los trabajadores con derecho a ella, con un máximo por trabajador equivalente a la suma de veinte ingresos mínimos mensuales", propone el proyecto.
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