Un duro análisis realizó un informe elaborado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC) respecto a la decisión del Gobierno de suprimir -a través de una indicación- la exigencia de copagos a los beneficiarios en el proyecto de sala cuna universal. Este tema generó un arduo debate en la comisión de Trabajo del Senado.
Tras varias jornadas de discusión, el Ejecutivo finalmente ingresó una indicación que estableció que "no podrá exigirse al beneficiario copagos complementarios por concepto de matrícula o mensualidad por sobre el monto del beneficio establecido", el cual consiste en la entrega de 5,14 UTM ($ 252 mil) por niño menor de dos años.
En el documento, titulado "Lecciones de los sistemas de financiamiento de salas cunas en países desarrollados", elaborado por los investigadores Juan Bravo, Pedro Dosque y Karin Moore, los académicos sostienen que la eliminación del copago "no terminará con todas las formas de segregación posibles".
"Es ampliamente sabido que un primer efecto económico del establecimiento de un precio fijo menor al precio de equilibrio del mercado es la escasez de oferta, lo que podría provocar que menos niños tengan acceso a servicios de cuidado. Y es más, en estas condiciones serán las salas cuna con menores costos, y eventualmente de menor calidad, las que se puedan mantener en el sistema de cuidado y educación infantil temprana, y por ende, estaríamos nivelando hacia abajo", advierten.
Los académicos sostienen que si se considera el costo promedio de las salas cuna particulares a nivel nacional de $ 338.301 y el beneficio otorgado de $ 252.000, no alcanzaría para cubrir el beneficio de forma universal.
"Pasar a un esquema en donde el empleador pague la diferencia –que es una de las alternativas que se ha barajado en el debate- es una mala idea, ya que vuelve a generar una carga de costo en las mujeres, que es una de los problemas que buscaba resolver esta ley. Por ello, si existe poco espacio fiscal para otorgar derecho a sala cuna universal de calidad y además se impide la posibilidad de realizar copago, la focalización parece ser la mejor alternativa en pro de este objetivo", asegura el texto.
Los académicos plantean que la segregación por motivos monetarios se puede trasladar a otros tipos, "como la segregación residencial, debido a que los precios de las casas se elevan en aquellos sectores en donde están ubicadas las salas cuna de mejor calidad, y a dichos barrios acceden las familias con mejor situación socioeconómica".
La experiencia internacional
Los expertos también analizaron diversas fórmulas que se han implementado en otros países. Sobre esto, el texto sostiene que entre miembros de la OCDE la tendencia ha sido a abordar el problema desde un punto de vista distinto al que ha prevalecido en el debate nacional.
"Lo primero que importa es asegurar la calidad del cuidado y educación de los niños. Es decir, entregar un derecho universal al cuidado infantil de calidad. Dado eso, que las familias que posean mayores ingresos paguen un mayor monto para que sus hijos ingresen a una sala cuna de calidad similar que una familia de menores ingresos es una cuestión de redistribución (las personas de menores ingresos obtienen un mayor subsidio)", dice el informe.
De acuerdo al estudio, en varios de los países analizados el Estado no sólo entrega subsidios para el cuidado en salas cunas o guarderías, sino que también apoya financieramente a cuidadores profesionales de niños que prestan servicios desde su propio hogar, el cuidado en horas fuera de sala cuna, cuidadores en el hogar para niños con necesidades especiales, entre otras alternativas.
En Alemania, por ejemplo, los gobiernos locales están obligados a proveer cuidado en guarderías a los niños mayores de un año. Éstas son parcialmente subsidiadas y los precios son fijados por los gobiernos locales. Además, cada estado también puede proveer mayores subsidios, llegando incluso a ser un servicio gratuito, como en Berlín.
En España, en tanto, los niños entre cero y tres años asisten al Primer Ciclo de Educación Infantil, el cual no es obligatorio ni universal, y se puede realizar en centros públicos, privados o concertados (privados con subsidios). "En el sistema público y concertado los padres deben pagar una cuota mensual establecida por la comunidad, y que depende del nivel de ingresos y características de la familia. En algunas comunidades también se establecen topes mínimos y/o máximos de cobro a los padres", explica el documento.
La entrega de diversos subsidios es la fórmula que se ha implementado en Estados Unidos, de acuerdo a lo planteado en el informe de Clapes UC. Los estados entregan subsidios, enfocados en las familias de menos recursos. En general, esto se realiza a través de vouchers para las familias, pero también a través de contrato directo de servicios de cuidado por parte de los estados. También permite la reducción de impuestos para padres que trabajan o están estudiando, lo cual está enfocado en las familias de más recursos.
El informe de Clapes finaliza invitando a observar la experiencia internacional en la materia, agregando que se deberia estudiar ampliar el beneficio al segmento de cuidadores profesionales de niños que pueden ejercer en hogares particulares: "Esta podría ser una opción interesante para las familias que no debiera ser descartada en nuestro país", acota el texto.
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