La aplicación de un subsidio denominado “continuidad del negocio”, dirigido a las micro y pequeñas empresas, es una de las recomendaciones que incluye el documento de 40 páginas que envió ayer el grupo de académicos de la UC a Hacienda, como parte de la colaboración que coordinan el Centro de Políticas Públicas junto al Instituto de Economía de dicha casa de estudios, para apoyar al Gobierno en la reapertura de la economía.
El foco es asegurar una recuperación del mercado laboral acotando el riesgo de rebrotes por Covid-19 que interrumpan el reinicio de la actividad. Esto, en el contexto del camino hacia el desconfinamiento que ya comenzó por zonas a la espera de una vacuna que permita enfrentar la crisis sanitaria de manera efectiva.
La propuesta en la que trabajaron académicos del Centro de Políticas Públicas, Instituto de Economía junto a las Escuelas de Administración y Medicina concluye que ante los “relevantes” costos que genera implementar los protocolos sanitarios, las micro y pequeñas empresas tendrán barreras financieras que pondrán en riesgo el retorno al trabajo presencial.
La estimación varía para empresas de hasta 50 trabajadores entre $ 94.970 y $ 135.557 por mes, mientras que aquellas firmas de hasta 500 personas va de $ 26.733 a $ 52.383.
Ante esto, advierten que las medidas del Gobierno “perderán efectividad si este trabajo de apertura se retrasa o hace inviable”.
El modelo que proponen es el de Irlanda, en donde el Estado entregó un voucher de una sola vez por 2.500 euros a empresas con menos de 50 trabajadores para costear medidas de seguridad.
Otra sugerencia es generar niveles de confianza entre los empleados y los consumidores, quienes en definitiva “tendrán que estar dispuestos a volver a acudir al comercio, restoranes, entre otros”.
En esta dirección, los siete académicos destacan que deben existir lineamientos e interpretaciones que no se contradigan y criterios de priorización en la fiscalización, de manera que “exista un control eficiente y sanciones para quienes no tomen estas medidas”.
Esto, en el contexto en que se espera que los empleados de los sectores de servicios sociales y personales -salud y enseñanza-, comercio y construcción, enfrenten más riesgo de contagios. Ello, porque concentran una mayor cantidad de trabajadores en ocupaciones con alta proximidad física. “Esta tendencia, que va en línea con lo investigado en otros países, releva la necesidad de dar especial atención a dichas actividades, disponiendo de medidas e implementos que contribuyan a minimizar el riesgo de contagio”.
Según el estudio, el 28% de las ocupaciones a nivel nacional tiene “el potencial” de realizar trabajo remoto, lo que minimiza el riesgo de contagios, por lo que recomiendan incentivar esta modalidad “en todas las empresas donde sea posible”.
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