La creación de la Oficina Presupuestaria del Congreso era uno de los grandes anhelos de los parlamentarios. La idea es que la instancia sirviera de contrapeso a la Dirección de Presupuestos (Dipres) durante la discusión del erario nacional, considerando que las proyecciones y supuestos que define la autoridad fiscal durante la discusión pocas veces pueden ser desafiadas por los legisladores.
Se esperaba que la unidad comenzara a operar entre junio y octubre de este año, para hacer su debut en el debate de la Ley de Presupuestos 2019. Sin embargo, dicho hito no se cumplirá.
La falta de recursos para la entrada en vigencia obligará a posponer la iniciativa. El diputado DC y presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Pablo Lorenzini, señala que se requieren alrededor de $ 500 millones para sacar adelante la institución en su primer año, los que aún no están asegurados.
Dichos montos contemplan una planta de alrededor de 10 expertos en finanzas, big data y políticas públicas que dividirán su tiempo entre Santiago y Valparaíso. El director de la nueva unidad será elegido a través de Alta Dirección Pública (ADP).
Lorenzini señala que en un principio se buscaba que la nueva repartición dependiera tanto de la Cámara como del Senado y que ambas corporaciones aportaran con recursos para su funcionamiento. Sin embargo, no han llegado a acuerdo, en medio de la racionalización de gastos a la que ha estado sometido el Congreso.
“Definitivamente, la oficina no estará para este Presupuesto. Lo intentamos, conversamos con el Senado, pero no se logró. Espero que para el Presupuesto 2020 tengamos el apoyo de la experiencia internacional para sacar esto adelante. No todos son expertos en el tema presupuestario y es relevante que tengamos un contrapeso”, dice.
Gestiones y urgencia
La directora del Observatorio del Gasto Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff, lamentó que la nueva institucionalidad no esté disponible para este proceso presupuestario, el que considera será clave luego de dos polémicas que enfrentaron a Hacienda con la oposición este año.
La primera fue la controversia por el déficit estructural mayor al esperado en 2017 que informó el Consejo Fiscal Asesor, que implicó más de US$ 1.000 millones de saldo negativo por sobre lo estimado.
La segunda fueron las presiones de gasto sin financiamiento que el nuevo Ejecutivo denunció que había heredado desde la anterior administración, las que cifró en US$ 5.500 millones.
“Para partir, nos preguntamos cómo los parlamentarios van a querer aprobar una ley de Presupuestos, si el Congreso no tiene prácticamente capacidad de análisis de datos presupuestarios”, critica la experta.
La directora de la ONG pro transparencia fiscal recuerda que el año pasado apenas un 7,5% de los programas aprobados por el Congreso tuvo una modificación en sus recursos. “No tener un contrapeso a la Dipres va en contra de reformas necesarias en temas presupuestarios, donde hay muchísimos desafíos pendientes y no solo en rendición de cuentas”, advierte.
En esta línea, a fines de septiembre una delegación de parlamentarios, liderados por Lorenzini, viajará a Washington para gestionar recursos de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para sacar adelante el proyecto.
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