El Gobierno anunció este lunes que ingresará al Congreso un proyecto de ley cuyo objetivo es ayudar a las personas de clase media a enfrentar una situación de sobreendeudamiento.
La idea de la iniciativa, presentada este lunes por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, es crear un nuevo programa dentro del Fondo de Garantía Estatal (Fogaes), instrumento que le permite al Estado actuar como aval para acceder a un crédito hipotecario con hasta un 90% de financiamiento.
Fraudes y tarjetas de crédito: la tercera arista de la iniciativa que irá al Congreso
De esta forma, el proyecto impulsado por la administración Boric consiste en una garantía estatal para la deuda equivalente a un 50% del monto por cuatro años.
El público objetivo son aquellas personas que ganen menos de $ 1,5 millón con deudas comerciales, “particularmente en el caso de microempresas, con un tope de deuda de hasta UF 160 y con moras inferiores a 90 días”, explicó el ministro.
Desde Hacienda estiman que pueda beneficiar a entre 50 y 100 mil personas. Quienes sean elegibles para este programa serían informados que están en esta situación.
En detalle, Marcel explicó que el crédito que hoy tengan los beneficiados va a ser reemplazado por otro con una menor tasa de interés.
“Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la carga financiera promedio de las personas que tienen deuda alcanzó un 32% de sus ingresos, pero hay un subconjunto de personas que tiene mayor nivel de endeudamiento, a ellos se le estima una carga financiera del orden de 66%”, aseguró el titular de la cartera durante la presentación de la iniciativa.
Además, el expresidente del Banco Central complementó que las tasas de interés para créditos con emisores de tarjetas pueden ser de 35% o 38% anual. “Es una anomalía que se presta para confusión y tiende a incentivar el sobreendeudamiento, porque las personas aceptan pagos en cuotas sin intereses pero sin tomar en cuenta que eso se puede transformar en un crédito con altos intereses”, mencionó Marcel.
El proyecto ingresará esta semana al Congreso, y según lo estimado por la cartera, tendría un costo fiscal anual en torno a US$ 23 millones.
Positiva recepción en la banca
El proyecto ingresará esta semana al Congreso, y según lo estimado por la cartera, tendría un costo fiscal anual en torno a US$ 23 millones.
La Asociación de Bancos valoró los anuncios. En el caso del apoyo a los hogares, el gerente general del gremio, Luis Opazo, indicó que facilitará que puedan evaluar esquemas de pagos alternativos; y, en cuanto a las garantías a las empresas constructoras, precisó que permitirá expandir las operaciones crediticias a aquellas que actualmente no estaban consideradas, y que dado su tamaño son actores relevantes en la actividad y generación de empleo.
Desde Clapes UC destacaron la medida. “El proyecto se hace cargo de un problema que aqueja a muchos hogares”, dijo el investigador de la entidad, Alberto Belmar. Además, tendría un impacto positivo en los sectores del comercio y en la construcción, y “debiese ser bienvenido por la banca”, agregó.
Sin embargo, advirtió que luego de esta implementación lo razonable es que los hogares “no vuelvan a sobreendeudarse”.
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