El perfeccionamiento de la Ley de Fraudes vigente es otro de los focos que atiende el proyecto de ley que busca reducir el sobreendeudamiento de la clase media presentado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Según el secretario de Estado, lo que hizo la modificación a dicha norma fue limitar la responsabilidad de los usuarios, por lo cual en el caso de un fraude con una tarjeta eran los bancos quienes debían asumir el cargo. “El problema es que la aplicación práctica de la ley y sus condiciones han significado un aumento significativo de los fraudes”, señaló.
Marcel explicó que antes de la entrada en vigencia de la Ley, por cada $ 1 millón transados en el sistema, se reportaban $ 93 de fraude, mientras que en la actualidad lo reportado asciende a $ 587. O sea, precisó, hubo un salto de más de cinco veces.
En esta línea, el ministro agregó que han podido constatar diferentes tipos de autofraudes, por lo que el proyecto se va enfocar en introducir cuatro regulaciones principales para minimizar su riesgo.
En primer lugar se va a modificar el estándar de culpa, pasando de culpa grave a leve, permitiendo que las instituciones ejerzan acciones legales.
Segundo, los plazos de reembolso pasarán de cinco a diez días, ampliable en caso de que la transacción supere las 35 UF.
En tercer término se van a otorgar facultades a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para dictar estándares mínimos que permitan a las instituciones excusarse de reembolsar cuando acrediten que cumplen con los estándares mínimos de seguridad en el manejo de tarjetas.
Por último, no se va a permitir desconocer transacciones realizadas en cuentas propias ni tampoco cuando el usuario reconozca que entregó la clave de forma voluntaria a terceros.
Marcel graficó que existen situaciones donde se han reportado fraudes de personas que realizan retiros en cajeros automáticos, y que luego desconocen, olvidándose de que existen cámaras de seguridad que evidencian el hecho. Acotó que pese a las pruebas “los plazos para efectuar los pagos y el límite de las 35 UF, limitan a las instituciones financieras para demandar o tomar acciones judiciales contra estas personas”, afirmó.
El ministro indicó que esto se relaciona con el endeudamiento, porque “mientras mayor sean los fraudes, más es el costo financiero que van a enfrentar todos los usuarios”. Además, suma que el mayor número de fraudes se ha producido entre usuarios de BancoEstado, lo que se traduce en menos aportes al Fisco y a los própositos que tiene el gasto público.
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