Ingreso mínimo entra en tierra derecha: hoy se inicia discusión en el Senado

El proyecto de subsidio de cargo fiscal para trabajadores y trabajadoras de bajas remuneraciones, más conocido como ingreso mínimo garantizado, se encuentra hoy en el primer punto de la tabla para discutirse en la Sala del Senado.

La iniciativa que busca asegurar un ingreso de $300.000 líquidos, a aquellos trabajadores que se encuentran en el rango que va desde los $301.000 brutos hasta los $380.000, contaría con el respaldo de los senadores tanto de la oposición como del oficialismo.

El senador RN, José García, confirmó que la bancada respaldará la iniciativa porque es un beneficio concreto y directo para aproximadamente 600 mil trabajadores, destacando que no se hará discriminación por el tamaño de la empresa en que esté contratado.

Este fue un punto que se revirtió en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta luego que en la de Diputados la comisión de Trabajo limitara el aporte sólo a aquellos empleados contratados en empresas con ventas por hasta 75 mil UF.

La senadora PPD, Adriana Muñoz, destacó sobre este punto que "si bien comprendo las dificultades de lo que aprobó Trabajo, creo que lo relevante (...) es que exista una obligación mayor para las grandes empresas, concordante con lo que han señalado diversos dirigentes y personeros del empresariado". Esto porque a su juicio "no es posible entender que las grandes empresas, incluyendo sus trabajadores externalizados, paguen los mismos salarios que una Pyme".

En tanto la senadora DC, Yasna Provoste señaló que "este trámite legislativo fue otro revés para el Gobierno, ya que el bono salarial presentado por el Gobierno en noviembre pasado fue modificado, tanto en la Cámara como en el Senado, ya que su diseño era de corto plazo, tenía letra chica y se restringía a complementar el actual salario mínimo".

En este sentido, destacó la indicación de los senadores Ricardo Lagos, Jorge Pizarro y Carlos Montes como el de registro de grandes empresas y el de limitar la duración de este subsidio al 31 de diciembre de 2023, recogiendo la recomendación de la OIT para evitar que su extensión en el tiempo provoque externalidades negativas en el mercado del trabajo.