El ajuste de US$ 600 millones en el gasto público, acordado entre el Ejecutivo y el Legislativo a fines de noviembre, pero que comenzó a materializarse la semana pasada, continúa generando reacciones.
Primero fue el Ministerio Público que se quejó por el recorte de $ 7.000 millones en su erario, lo que según ha dicho el fiscal nacional, Ángel Valencia, podría terminar perjudicando la persecución penal. En la tarde de este martes, el Poder Judicial se sumó a las quejas.
Tras un Pleno extraordinario convocado para este martes, la Corte Suprema emitió un comunicado en el que criticó el ajuste presupuestario, que en su caso supera los $ 17.000 millones.
"Con ocasión de la reducción sustancial a partidas del presupuesto del Poder Judicial del año 2025, esta Corte Suprema manifiesta su preocupación", señala la comunicación del Pleno, liderado por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco.
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De los $ 17.395 millones que se reducen, $ 10.606 millones corresponden al Poder Judicial, mientras que $ 5.715 millones a la Corporación Administrativa. Por subtítulo, el relativo a personal (el 21) se recorta en $ 12.152 millones, mientras que en bienes y servicios de consumo (22) el ajuste es de $ 4.798 millones. En adquisición de activos no financieros (subtítulo 29), la reducción será de $ 443 millones.
En cuanto a los gastos en personal, la disminución tendrá un "fuerte impacto en el funcionamiento operativo de tribunales, los cuales en la actualidad presentan una importante sobrecarga laboral producto de la implementación de nuevas leyes sin fortalecimiento de la dotación de personal, incremento de la población, nuevos delitos, entre otros factores", señala la declaración del Pleno.
"La actual situación de carga implica que los tribunales trabajen al límite de sus capacidades de atención, tramitación y resolución, lo que hace especialmente relevante poder mantener la continuidad ante ausencias, especialmente de jueces, empleados y otros cargos críticos", agrega la Suprema, argumentando que el recorte en personal "pone en serio riesgo la continuidad operacional de la institución".
Consumo e inversiones
Respecto al recorte en el gasto de bienes y servicios de consumo, una rebaja de la cuantía mencionada implica "no reconocer el déficit estructural existente", dice el tribunal, el cual ya durante el año 2024 fue "latamente explicado en diferentes instancias" y cuya necesidad real se vio reflejada por el último aumento presupuestario de este subtitulo por un monto de $ 6.500 millones.
"Para el año 2025, adicional a los mayores costos asociados al aumento del valor de la unidad de fomento y al resto de los costos operacionales, corresponde la renovación a nivel nacional del servicio de guardia, el cual representa más del 20% del presupuesto estructural y cuyo aumento, no financiado en la ley del año 2025, se prevé cercano al 30%, motivado principalmente por el aumento del salario mínimo y la ley de 40 horas. Adicionalmente, para este año se prevé el impacto real por el año completo del alza del costo de la electricidad, lo que sin duda aumentará el déficit en este subtitulo de este Poder del Estado, el cual bordeará los $ 8 mil millones", agregó el Pleno.
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En cuanto a los menores recursos para el subtítulo 29 sobre adquisición de activos no financieros, la rebaja implicará afectar las renovaciones de licencias necesarias para la operatividad y seguridad informática de los sistemas computacionales del Poder Judicial.
"Lo anterior significa una disminución de las medidas de ciber seguridad ya implementadas, con los riesgos que ello conlleva, en especial el resguardo de datos sensibles de los usuarios. Lo expuesto afectará seriamente el funcionamiento de los tribunales y el acceso a la justicia, razón por la cual esta Corte Suprema manifiesta su preocupación ante el escenario planteado y se da a conocer a la opinión pública a fin de que se comprenda la gravedad que implica el recorte presupuestario efectuado", agregan los supremos.
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Sebastian Valdenegro
