El Gobierno entregó este viernes nuevos detalles respecto al recorte de Presupuesto por US$ 600 millones que se comprometió a ejecutar en el marco de la negociación par despachar el erario de este año en el Congreso, en noviembre pasado.
En una conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Hacienda, el titular de la cartera, Mario Marcel, junto a la subsecretaria Heidi Berner, la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, y el ministro y la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde y Macarena Lobos, respectivamente, se entregaron los pormenores del ajuste, considerando que el acuerdo logrado entre Ejecutivo y Legislativo establecía que la reducción debía materializarse a través de decretos presupuestarios a más tardar los primeros diez días del año.
De esta manera, el crecimiento total el gasto público este año pasará desde el 2,7% que consideraba el erario original ingresado al Congreso, a un 2%. Esto implica un ajuste de $ 564.000 millones, cerca de US$ 600 millones.
Del total, hay tres áreas (o subtítulos, como se le conoce en la jerga presupuestaria) que concentrarán las bajas: subtítulo 33 sobre transferencias de capital, el subtítulo 21 de gastos en personal, y la partida del Tesoro Público.
Así, el gasto en transferencias de capital se reduce en más $ 145.000 millones, un 5% de rebaja. En personal, en tanto, la baja es de $ 142.000 millones, un 2% de recorte, mientras que en el Tesoro Público los menores recursos superan los $ 138.000 millones.
Luego más atrás viene el subtítulo 22, que norma los gastos en bienes y servicios de consumo, con más de $ 96.000 millones menos, un 5% de ajuste, y luego el subtítulo 29 para adquisición de activos no financieros, que se deducen en $ 19.000 millones, también con un 5% de ajuste.
De todas maneras, tal como se acordó en el Congreso, hay una serie de partidas de gasto que no serán objeto del recorte, como por ejemplo los servicios de salud, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería, el sistema escolar, las concesiones de obras públicas y subsidios de vivienda.
TC declara norma inconstitucionales
En tanto, en la conferencia se informó que el Tribunal Constitucional (TC) emitió este jueves un fallo en el que desecha la constitucionalidad de cerca de 13 normas que fueran aprobadas en el Presupuesto 2025 pese a la oposición del Ejecutivo en la tramitación en el Congreso.
El requerimiento fue presentado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto con diputados y senadores oficialistas, donde se argumentó que algunos artículos fueron aprobados previa proposición de parlamentarios de oposición y que violaban algunos apartados de la Constitución, como la iniciativa exclusiva del Presidente de la República para legislar en materias específicas, como por ejemplo impuestos; y también porque las normas aprobadas se apartaban de las ideas matrices del Presupuesto.
Entre las normas que no quedarán en la ley final, están las que reducía a $ 0 el avalúo fiscal de las propiedades de los beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la que suspendía durante el 2025 el funcionamiento de la Ley Lafkenche que regula el uso del borde costero de parte de pueblos originarios; y otros relacionados con la suspensión del Sistema de Admisión Escolar (SAE), por citar algunos.
Otras normas que el Tribunal Constitucional acogió y que le dio la razón al Ejecutivo, porque corresponde a una atribución exclusiva del Gobierno y no de los parlamentarios, son la Ley de Extranjería que según lo aprobado por el Congreso establecía que “todo proceso de regularización extraordinaria de extranjeros en situación migratoria irregular deberá ser aprobado previamente por ambas ramas del Congreso”.
En la partida de Presidencia, se declaró inconstitucional un artículo que establecía que “no podrá exigirse al personal de apoyo de la Presidencia de la República, cualquiera sea la naturaleza de su vínculo contractual o categoría profesional, técnica o administrativa, la realización de jornadas de trabajo que coloquen en riesgo su integridad física o psíquica”, así como otra referida al deber de remisión de encuestas, estudios y sondeos de opinión por la Presidencia de la República al Congreso.
En la partida de Educación, se rechazó una indicación visada por el Congreso que señalaba que “los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años de educación media, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, no tendrán derecho al beneficio de gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso”.
Otras normas aprobadas por el Legislativo y que no superaron el filtro del TC se referían a la prohibición de publicidad durante período de propaganda electoral, y la prohibición de financiamiento a gastos relacionados con la adquisición, prescripción o administración de medicamentos con fines de uso de terapia hormonal por el Ministerio de Salud.
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