La administración de Sebastián Piñera y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) están planeando trabajar juntos en diversas áreas. Y, de hecho, no sería extraño que el organismo -a petición del gobierno o en el marco de los procedimientos de evaluación periódicos- entregue su visión de la reforma que se prepara a la regla fiscal.
El punto de partida, es positivo. Para la economista de la OCDE para Chile y Colombia, Paula Garda, este mecanismo que se estableció en 2001 -con el objeto de contribuir a la disciplina del Fisco- “ha sido eficaz en el pasado para suavizar el gasto público y mantener un nivel moderado de deuda pública”.
Aún así, considera “conveniente analizar la posibilidad de mejorar su funcionamiento y avanzar en formalizar y transparentar la metodología”.
¿Y cuáles son las razones para ello? La experta menciona la reciente desaceleración de la economía, lo que fue acompañado por el deterioro de las cuentas públicas, los cambios de los parámetros de la regla y de los objetivos y las polémicas sobre los errores de cálculo.
Bajo la óptica de Guarda, una de las prioridades del nuevo Consejo Fiscal debería ser enfocarse en promover un debate técnico para revisar las metodologías y proponer una nueva regla fiscal. “Estas mejoras serían muy beneficiosas para incrementar la credibilidad de los objetivos fiscales y ayudarían a fortalecer la reputación internacional de Chile por su prudencia fiscal”, subraya.
- El gobierno estableció una meta de reducción del déficit estructural del sector público de 0,2 punto del PIB por año. ¿Cuál es su visión?
- La reducción gradual del déficit estructural parece adecuada. El gobierno pretende reducir el déficit fiscal para frenar el aumento -aunque comparativamente bajo- de los niveles de deuda pública. Esto ocurrirá a través de la restricción del gasto, y se verá respaldado por el lado de los ingresos, dados los mejores precios del cobre.
De hecho, se esperan menores déficits fiscales en medio de un crecimiento económico más firme, mejores precios del cobre, contención del gasto y mejoras al marco fiscal que guía la política. Esto se da en un contexto de incertidumbre a nivel global, dado la subida del costo financiero global en un período de subida de las tasas de interés de Estados Unidos, en el que el gobierno deberá ser cauteloso a la hora de endeudarse.
- ¿Podría haber sido más ambiciosa la meta, considerando el mejor escenario económico del país para los próximos años?
- El debate no debe centrarse en si la meta es ambiciosa o no. Lo importante es una reducción del déficit gradual, creíble y sostenible en el tiempo, que permita a la deuda permanecer en una trayectoria sostenible, al mismo tiempo que se atienden las necesidades de gasto social e inversión, como son en educación y salud, y de infraestructura pública. Esta gradualidad va en línea con las recomendaciones que la OCDE ha hecho en el Estudio Económico lanzado en Santiago en febrero de 2018, donde se argumentaba que las finanzas públicas se habían deteriorado y se necesitaba una consolidación de las cuentas públicas pero que podía llevarse a cabo de forma gradual.
El aporte del Consejo Fiscal
- ¿Cuál es su visión respecto al proyecto que le da autonomía al Consejo Fiscal chileno? ¿Va en línea con las mejores prácticas de la OCDE?
- Lo más importante de las metas fiscales es que sean creíbles y permitan a la deuda mantener una senda sostenible. Dentro de la credibilidad entran no sólo la trayectoria anunciada, sino también las reformas anunciadas al Consejo Fiscal, que lo dotarán de autonomía y recursos.
La institucionalidad ya existente le ha permitido a Chile tener un marco macroeconómico sólido, que le ha ayudado a navegar la caída de los precios del cobre favorablemente, con una regla fiscal que ha sido eficaz para suavizar el gasto público y mantener un nivel moderado de deuda pública.
- ¿Y el proyecto se alinea con ese marco?
- El proyecto va en la dirección de fortalecer el marco macroeconómico y fiscal y ayudará a fortalecer la prudencia fiscal. Va en línea con las recomendaciones que la OCDE le ha hecho a Chile, y con las mejores prácticas sobre instituciones fiscales en la OCDE.
La ley dota de autonomía al Consejo Fiscal para garantizar una evaluación independiente del cumplimiento de la regla fiscal.
La legislación podría requerir que toda actividad del Consejo fuera pública (adicionalmente a informes o investigaciones), incluyendo las observaciones y propuestas sobre cambios metodológicos para el cálculo del balance estructural, así como sus opiniones sobre eventuales desviaciones del cumplimiento de las metas y las medidas propuestas de mitigación. Esto garantizaría transparencia y autonomía en sus operaciones.
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