En la víspera del feriado de Semana Santa, el gobierno anunciaría nuevas medidas para ayudar a los chilenos a enfrentar el impacto económico que está provocando la pandemia del coronavirus.
Según fuentes del Ejecutivo, el anuncio tendrá como eje el apoyo a los trabajadores independientes, quienes podrán acceder también al denominado "bono Covid-19" de $ 50 mil por carga familiar. Dicha bonificación se destina hoy solo a los trabajadores informales y más vulnerables.
A esto se le agregarán capitalizaciones de los fondos de garantía estatales (Fogape y Fogain), permitiendo que compañías de mayor tamaño en peligro de quiebra puedan acceder al mercado crediticio usando al Fisco como una suerte de aval.
Sin embargo, desde que el gobierno presentó el paquete económico para enfrentar la emergencia sanitaria el 19 de marzo pasado, diversos actores tanto políticos como académicos han entrado al debate y han planteado otras medidas.
Planteamientos de la oposición
Hoy 11 partidos de la oposición -DC, PS, PR y partidos del Frente Amplio, entre otros- propusieron una serie de medidas.
Una de ellas plantea resguardar los ingresos de las familias a través de una Renta Básica de Emergencia, Seguro Familiar u otro instrumento, para todos quienes se queden sin ingresos, hasta el final de la emergencia.
También proponen la postergación de pagos y prohibición de corte de los servicios básicos mientras dure la emergencia sanitaria y de cuotas de créditos hipotecarios, estudiantiles u otras, sin intereses, contraídas con bancos e instituciones financieras, casas comerciales; ,y proteger a las PYME, empleos y economía, "evitando una recesión más profunda y duradera", a través de un proyecto de ley de apoyo estatal a las empresas en período de crisis, que debería ser ingresado al Congreso con urgencia.
Por último, los representantes de los partidos de oposición, plantean cuidar los empleos, prohibiendo el despido de trabajadores "y de ser necesario, salvando empresas estratégicas o de importancia para el país de la quiebra, evitando efectos negativos en el resto de la población mediante inyección de recursos a cambio de adquisición por parte del Estado de participación en el mayor valor de dichas empresas rescatadas".
Evópoli plantea aumentar al doble el paquete fiscal del gobierno
Desde el oficialismo, el think tank de Evópoli, Horizontal, propuso a fines de marzo que el actual paquete fiscal de US$ 11.750 millones aumente al doble, alcanzando los US$ 22.510 millones.
El centro de pensamiento del partido del ministro Briones plantea bajar temporalmente la tasa del IVA, desde el actual 19% a 10%, hasta diciembre 2020. Al año siguiente, establece un incremento permanente que ubique la tasa en 20%. La medida costaría cerca de US$ 1.524 millones al Fisco.
Por otra parte, se propone aumentar el Bono Covid-19 para los trabajadores informales en 20% y extenderlo por cuatro meses, con un costó adicional de US$ 646 millones.
Propuestas de economistas
La semana pasada, diversos actores del mundo economista también dieron a conocer su visión sobre cómo enfrentar la situación actual.
El expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, sugirió en una columna en El Mercurio subsidios adicionales a los trabajadores informales e independientes, pero dice que más importante es "complementar las medidas del Banco Central y de la CMF con garantías del Estado para que el crédito fluya a las empresas solventes, que enfrentan acuciosos problemas de liquidez en el corto plazo y enfrentarán problemas de acceso al crédito cuando la epidemia se controle y se pueda iniciar la recuperación".
Asimismo, los economistas Roberto Zahler, Osvaldo Rosales, Ricardo Ffrench-Davis, Carlos Ominami y Andras Uthoff, entre otros, propusieron una renta básica temporal. Un pago monetario del Estado que beneficiaría a todas las familias inscritas en el Registro Social de Hogares, que ya cubre al 74% de la población, salvo aquellas en que al menos uno de sus miembros cuente con un trabajo formal.
También plantean que exista un "verdadero" subsidio para los trabajadores que no pueden desempeñar sus labores a causa de la pandemia. Precisan que el gobierno ha comprometido aportar US$ 2 mil millones al Fondo de Cesantía para aquellos casos en que se decide mantener el contrato sin pago de remuneración, pero al mismo tiempo ha definido que en primera instancia sean los fondos de las cuentas individuales los que se usen para subsidiar esta situación de vigencia de contratos sin remuneración.
En cuanto a salud estiman que es "indispensable" postergar las compras de armamento y utilizar los recursos disponibles en el Fondo Estratégico.
Visión de los exministros de Hacienda
En conversación con El Mercurio, el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, si bien destacó el plan fiscal lanzado por la administración Piñera para capear la crisis, que implica recursos por el 4,7% del PIB, cree que es necesario potenciar mecanismos de garantía estatal como el Fogape. Esto, con el fin de ponerlo también a disposición de las grandes empresas y no solo de las PYME, porque cree que el crecimiento y la recuperación serán más lentas que lo pronosticado por el ente emisor.
En tanto, el exjefe de las finanzas públicas del gobierno de Bachelet II, Rodrigo Valdés manifestó que el gobierno "debería desplegar un gran fondo de garantías para créditos nuevos, incluyendo empresas grandes".
En ese sentido, advirtió que "tomar o no medidas a tiempo no afectará mucho la contracción económica a corto plazo. Es un efecto que tendremos que pagar. Sin embargo, las medidas que se acuerden serán fundamentales para contener el virus y cuidar la economía para que funcione cuando hayamos salido de esta situación".
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