Por Cristián Torres E.
Un cambio sustancial es el que está buscando implementar el Ministerio de Economía a la actual Ley de Quiebras.
En ese sentido, el ministro de Economía, Pablo Longueira y la superintendente de Quiebras, Josefina Montenegro, presentaron ayer los lineamientos del anteproyecto de “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas” que está preparando su cartera.
Según informaron, una de las mayores novedades del nuevo estatuto, es que incluye la posibilidad de que además de las empresas, puedan acogerse las personas y las municipalidades que presenten insolvencia.
La “reforma profunda” que pretende impulsar la cartera de Economía, apunta a reorganizar efectivamente empresas viables o en caso contrario, la liquidación rápida de empresas fallidas de forma ordenada y con plazos establecidos.
Toda persona natural que desee pedir la quiebra deberá iniciar el proceso ante la Superintendencia respectiva y cuyo único requisito es que tenga dos o más títulos ejecutivos vencidos, que sólo podrá solicitar cada cinco años.
Según explicó Longueira, las personas o empresas que recurren a la actual ley lo hacen para liquidar compañías, para establecer el mecanismo de quiebra, la distribución y la prelación de los activos que queden. En cambio, con la nueva ley, lo que se hace es que se crea una nueva figura que es el veedor. Se trata de un profesional que tiene “que tener como oficio la capacidad de buscar la viabilidad de las empresas, y por eso es que la primera etapa de esta ley es la reorganización. Esto no existe hoy en nuestro ordenamiento legal”, explicó el titular de la cartera.
Asimismo, el ministro Longueira sostuvo que con esta nueva ley se podrán ver beneficiadas las personas que para iniciar una microempresa amplían giro con su RUT.
“En Chile hay muchas personas naturales que amplían su giro y lo hacen a través de su RUT y por ello queremos evitar que quienes fracasan se escondan o se arranquen a regiones sin poder rearmarse por su nivel de deuda”, dijo. El objetivo de la nueva ley, afirmaron en Economía, es que se logre “un proceso de repactación o una liquidación regulada para que las personas puedan salir adelante”.
El actual proceso de quiebra tiene una duración promedio de 54 meses y se espera que con la implementación de todas estas modificaciones se reduzca a 40 meses.
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