CPC insiste en la necesidad de hacer mejoras a ley de delitos económicos tras su paso por el Tribunal Constitucional

Los reparos del mundo empresarial ante el proyecto de ley de delitos económicos y atentados contra el medio ambiente aprobado por el Congreso y que ahora -según trascendió- ya superó la valla del Tribunal Constitucional, siguen a firme.

De hecho, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) reafirmó este miércoles su crítica posición frente a algunos puntos de la iniciativa y expresó su aspiración de que una vez conocida la sentencia del TC y promulgada la norma, “se abra la posibilidad de una discusión técnica, que permita mejorar aquellos aspectos que, de acuerdo a análisis jurídicos, pueden perjudicar la actividad económica”.

“Cuando se pasan a llevar principios y derechos, nos parece absolutamente legítimo y necesario usar la institucionalidad y las herramientas que nos entrega la Constitución”, dijo la CPC.

A través de una declaración pública, insistieron en que hay problemas en lo referido a la “creación de un sistema penal paralelo, la ambigüedad en la definición de nuevas figuras delictivas, la desproporción entre las penas asociadas a delitos económicos y el resto de los ilícitos, entre otros”.

El 10 de julio pasado, la CPC presentó ante el TC un “téngase presente”, porque -si bien dicen compartir el objetivo del referido proyecto de ley- consideran “que no cumple del todo con estos principios, pues vulnera derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley y el debido proceso. Por ello, creemos que requiere de una revisión en algunas materias”.

Y agregó la mutigremial: “Cuando se pasan a llevar principios y derechos, nos parece absolutamente legítimo y necesario usar la institucionalidad y las herramientas que nos entregan la Constitución y las leyes, para defenderlos y presentar nuestros puntos de vista”.

Constanza Hube, abogada. Ricardo Mewes, presidente de la CPC. Fotos: Julio Castro y Archivo

De todas formas, la entidad liderada por Ricardo Mewes condenó “tajantemente todo tipo de abuso, colusión, fraude, enriquecimiento ilícito, cohecho o cualquier mala práctica empresarial, porque afecta directamente a las personas, a la confianza y la fe pública”.

Cada uno de estos delitos, dijeron, “ debe ser sancionado de acuerdo a la legislación, garantizando los principios de certeza jurídica, el debido proceso y la igualdad ante la ley”.

En la CPC, insistieron, “se debe sancionar a los que abusan y, a la vez, garantizar certeza jurídica e igualdad ante la ley. Necesitamos una legislación efectiva y que no se preste para ninguna ambigüedad ni discriminación”.

Los abogados del “téngase presente”

Los mismos abogados que ingresaron el recurso de “Téngase Presente” el 10 de julio pasado, Constanza Hube y Gabriel Zaliasnik, le restaron dramatismo a la decisión del TC.

Hube explicó que el tribunal sólo debía pronunciarse respecto de seis normas del proyecto de ley y que “el téngase presente nunca tuvo por objeto cuestionar alguno de estos o que se declarara otras normas del proyecto como inconstitucionales”, sino que “advertir y alertar, en el contexto del proceso de tramitación de la ley (última etapa era el trámite ante el Tribunal), del sinnúmero de defectos a que a futuro acarrearán problemas constitucionales si no se rectifican legislativamente”.

Y reflexiona que “atendido el debate público que ha generado esta presentación, da cuenta que se cumplió el objetivo: defender principios y el derecho a emprender no puede ponerse en la balanza reputacional”.

Zaliasnik plantea que “de aquí a que estas normas mal hechas o inconstitucionales tengan aplicación va a pasar tiempo. Y cuando eso ocurra va a ser importante recordar que en el año 2023 la CPC alertó sobre estos vicios de constitucionalidad que tenía la ley. Por eso, es mejor ponerse rojo de una vez y no colorado varias veces y corregir lo que haya que corregir” e instó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a corregir el proyecto.

“Espero que sean capaces, no sólo el Gobierno, también el Congreso Nacional -porque todos sabemos que hubo casi unanimidad en el Congreso Nacional-, de ver que legislaron de una forma, quizás, demasiado silenciosa y poco abierta a recoger los problemas que esta ley podía presentar”, afirma el abogado.

Por eso, probablemente, sostiene que “todos repararon en la ley en forma algo tardía. Pero la voz de alerta se levantó a tiempo y ahora es responsabilidad de nuestras autoridades hacerse cargo de los defectos que tiene esta legislación”.

¿Qué pasa con el téngase presente? Zaliasnik explica que el TC no se va a pronunciar, porque no le corresponde. “El alcance de este téngase presente de la CPC y la voz de la Sofofa sólo es para alertar los graves problemas que este proyecto de ley trae aparejado”, remarca.