El proyecto de ley misceláneo pro inversión, presentado por el exministro de Economía José Ramón Valente, incluye una serie de medidas no solo para incentivar el crecimiento y la inversión, sino también para dotar de mayor competencia algunos sectores de la economía.
Si bien Valente abandonó el gabinete, el proyecto continúa su trámite en el Senado, con el ingreso de indicaciones la semana pasada.
En la Democracia Cristiana (DC) están empecinados en inyectarle más competencia al sector de las compras públicas, por lo que los senadores falangistas Ximena Rincón y Jorge Pizarro presentaron un set de indicaciones en esa línea al proyecto.
En el documento ingresado a la comisión de Economía del Senado, los legisladores proponen cuatro modificaciones.
La primera, considera ampliar la aplicación de la Ley de Compras Públicas a una serie de instituciones, como el Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, los tribunales ambientales, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), las corporaciones municipales de salud y educación, las fuerzas armadas, Carabineros y fundaciones cuyo presupuesto tenga un aporte fiscal superior al 50%.
Adicionalmente, se postula rebajar el límite para se active una licitación pública al realizarse la compra en el Estado, las que serán obligatorias cuando superen 400 UTM ($ 19,6 millones).
También Pizarro y Rincón apuntan a que el trato o contratación directa se dé solo cuando el monto de la adquisición sea inferior a 100 UTM ($ 4,9 millones).
El tercer punto contempla “individualizar” a los proveedores, a través de la identificación en el Registro de la Dirección de Compras Públicas de las personas naturales y jurídicas que participan de la propiedad y administración de las compañías registradas. “De esta manera, se podrá tener información pública sobre los propietarios finales de las empresas proveedoras”, señala la indicación.
Por último, los senadores de la falange también buscan eliminar la compra centralizada de insumos que propone el proyecto original, ya que -dicen- “afectaría a las empresas PYME de las regiones y que hoy tienen alta participación en las compras públicas producto de las políticas pro PYME vigentes hace una década y que se presente alterar por parte del gobierno”.
El texto fue presentado por el Ejecutivo en mayo del año pasado y se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Tiene como urgencia “discusión inmediata”.
Preocupación de la FNE
En su argumentación, los senadores Pizarro y Rincón recuerdan que hace un par de semanas la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un análisis del nivel de competencia del mercado de compras públicas. Esto, en medio de dudas respecto al nivel de concentración de las compras de ciertos bienes utilizados por las reparticiones estatales.
El año pasado, dicho rubro facturó más de US$ 13.000 millones, un 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Compartimos la preocupación de la FNE sobre la existencia de fallas de competencia y transparencia en la Ley de Compras Públicas. Por eso, hemos presentado un conjunto de indicaciones. Esperamos que estos ajustes sean respaldados por el Ejecutivo, ya que generan más competencia en las compras públicas”, concluyen Pizarro y Rincón.
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