El 3 de agosto de 2018 se promulgó la ley que prohibió a comerciantes del país entregar los productos en bolsas plásticas y la entonces ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, salió a la calle sonriente a regalar las versiones reciclables para festejar. A poco andar, sin embargo, comenzaron las quejas, en particular por las tiendas que hacían optar a sus clientes entre comprar un bolso o llevar el artículo en la mano. La molestia se trasladó a las redes sociales y se sumó a otras.
De hecho, según expertos en la gestión empresarial, las manifestaciones que estallaron el 18 de octubre revelan rechazos a situaciones como la mencionada y a otras más profundas de las que deben hacerse cargo las compañías. La ciudadanía “se cansó de los abusos”, tanto de los servicios públicos como del sector privado, parece ser parte de las conclusiones de muchos sociólogos, sicólogos y polítólogos abocados a encontrarle un sentido al estallido social.
Y ante ello, ya no resulta suficiente la mirada tradicional del compliance, término que da cuenta de la adopción de buenas prácticas en las distintas organizaciones, sino que hay que empezar a verlo como una estrategia.
Ingeniera Susana Sierra, Abogado Ciro Colombara, Abogado Pedro Pellegrini.
Los expertos Susana Sierra, Pedro Pellegrini y Ciro Colombara coinciden en que al principio la preocupación de los empresarios estaba en la contingencia y sus efectos en el corto plazo.
Pero, de acuerdo a la experiencia de Colombara, “a medida que pasan los días, las empresas se han ido dando cuenta que además de cumplir con el marco regulatorio general, deben incorporar procedimientos y buenas prácticas, en relación a los trabajadores, clientes y proveedores”.
Una dinámica que va más allá de la forma en que el empresariado ha estado utilizando hasta ahora el compliance.
Algo en lo que también hace hincapié Pellegrini, socio de GuerreroOlivos, donde lidera el área de libre competencia, gobierno corporativo y compliance: “Se necesita entender que cada empresa tiene que cambiar el paradigma de hacer negocios, entender que la empresa del siglo XXI va más allá de sus propios trabajadores, que también es parte de la comunidad en que está inserta y debe colaborar con el interés común”, como lo asumieron mucho antes sus pares estadounidenses y europeos, explica.
A su juicio, lo ocurrido desde el 18 de octubre sirvió para detectar ese problema de fondo.
Por lo mismo, que explica que en general en el país, el compliance es percibido como una especie de auditoría que obliga a cumplir con la normativa, pero resulta que ese es el piso mínimo” y esa, advierte, “es una visión muy estrecha”, ya que la mirada amplia “es adelantarse en el ambiente de negocios en que se mueve un empresario”, es decir, “es una herramienta estratégica”, a través de la cual también se puede prever factores de riesgo comunitario o reputacional de una empresa.
En la misma línea, para la ingeniera y directora ejecutiva de BH Compliance y vicepresidenta de Chile Transparente, Susana Sierra, los empresarios “hoy día ya no tienen excusas para no pensar en cómo hacer las cosas” y el compliance es centrarse en ese “cómo” y entender que, a partir de ahora, ya no se aguanta ningún escándalo más”.
Desde el punto de vista de la experta, la “sanción social” es un elemento sicológico que actúa con más fuerza que una multa. De ahí, agrega, que “sea tan necesaria la pena de cárcel, porque tiene un componente sicológico y más que eso actúa la sanción social”, que genera un efecto disuasivo particularmente cuando proviene de los pares.
Es decir, dice, “esperaría que todos los empresarios castigaran a sus pares que tienen conductas cuestionables”.
En tal sentido, Colombara –socio de RCZ abogados y una de cuyas áreas de práctica es el compliance-, también hace una diferencia entre los delitos como la colusión y los abusos, que “son malas prácticas que las empresas se están preocupando crecientemente de desterrar”, pero sostiene que con todo lo sucedido “el cambio ha pasado a ser urgente y es un camino cuesta arriba”.
Por otro lado, advierte que “los delitos económicos o de cuello blanco tienen una penalidad muy baja y, solo excepcionalmente, la cárcel es una amenaza real”, por lo que adelanta que un efecto de lo que está pasando es que se endurecerán las penas a los delitos de corrupción y “deberán ampliarse los delitos base de la Ley 20.392 de Responsabilidad Penal de las Empresas”.
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