El próximo lunes 26 de febrero están citados al Ministerio de Hacienda los representantes de los partidos políticos de Gobierno y oposición para retomar las negociaciones pre legislativas respecto del proyecto de ley con cambios al impuesto a la renta que el Ejecutivo espera presentar en marzo para recaudar 0,6% del PIB al año 2027. Esto, como parte del pacto fiscal que impulsa La Moneda para financiar diversos beneficios sociales.
La primera reunión fue el 1 de febrero para instalar la mesa de conversaciones y, según la calendarización de Hacienda, el lunes venidero el tema será “exenciones, ley de créditos tributarios para la inversión y tasa de desarrollo”, el 29 de febrero “impuestos personales y beneficios para la clase media”; luego el 7 de marzo en doble jornada “ruta del emprendimiento” y, posteriormente, “régimen general de impuesto a la renta” para terminar el 14 de marzo con el cierre de la mesa de trabajo y consideraciones finales a la espera de la propuesta final del Ejecutivo.
Según la calendarización de Hacienda, el lunes el tema será “exenciones, ley de créditos tributarios para la inversión y tasa de desarrollo”.
La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, que participó en la primera reunión, recordó que a comienzos de mes Hacienda presentó los lineamientos de su propuesta, donde “apoyamos lo referido a reactivación económica y medidas pro pyme y de innovación”.
Sin embargo, aclaró que “no vimos en detalle la propuesta tributaria” y que “nosotros topamos en una cosa fundamental con Hacienda y es que el ministro Mario Marcel cree que hay que subir los impuestos para aumentar la recaudación y desde Evópoli pensamos que se puede aumentar la recaudación sin subirlos; la discusión técnica debiera dilucidar el camino a seguir”.
El diputado Guillermo Ramírez (UDI), integrante de la comisión de Hacienda, expuso que “el Gobierno anunció un pacto fiscal y terminó presentando un alza de impuestos que nos vimos obligados a rechazar” en relación a la reforma tributaria original que fracasó en la Cámara de Diputados.
Frente a las negociaciones en curso, planteó que “esperamos que no se cometa nuevamente ese error, porque Chile no necesitas más impuestos, necesita menos”.
Desde el PDG, el diputado Rubén Oyarzo, indicó que las reuniones del pacto fiscal deben buscar beneficios tributarios para profesionales, emprendedores y Pymes “enfocarse en el crecimiento económico del país y en atraer inversión extranjera”.
Así, adelantó que “estoy a favor de aumentar los impuestos a las grandes empresas y a los considerados súper ricos” enfatizando que “esto va en la línea de lo que han solicitado 250 millonarios en el Foro Económico Mundial de Davos que tiene como objetivo combatir las fracturas económicas y sociales a nivel mundial”.
Para el diputado Jaime Naranjo (PS) “todas las instituciones serias de nuestro país, que han abordado cómo se paga la deuda social han señalado una y otra vez que el crecimiento o mayor eficiencia en el gasto público son complementarias pero insuficientes para recaudar más y resolver el problema de injusticia social”.
Afirmó que “el único camino que queda para recaudar más y enfrentar el problema es subiendo impuestos”. De tal manera que a su juicio “ha llegado la hora de dejar de darnos vuelta en círculo y tomar de una vez por todas la decisión, a pesar de que como tanta veces el sector empresarial se va a oponer”.
La antesala del proyecto de cumplimiento tributario
En enero el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer los principales ejes del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, iniciativa que busca recolectar un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en régimen.
La propuesta contempla la flexibilización del levantamiento del secreto bancario para investigaciones tributarias. Ahora, el contribuyente tendrá la responsabilidad de fundamentar ante un tribunal su oposición a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) acceda a su información financiera. Hoy, opera al revés.
Además, la iniciativa insistirá con la aplicación administrativa de la Norma General Antielusiva (NGA), ya no teniendo que pasar previamente por un Tribunal Tributario y Aduanero (TTA). Eso sí, la calificación de una operación como elusiva será analizada previamente por un comité de expertos. De todas formas, la opinión de dicho comité no será vinculante.
El texto considera la figura del “denunciante anónimo” para reforzar la persecución de los delitos tributarios, pero contemplando también sanciones para las denuncias falsas. Aquí, se busca recoger la experiencia de la figura de la delación compensada para delitos contra la libre competencia o el mercado financiero, ya implementadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
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