Tras una extensa reunión, ayer en la tarde la oposición concordó y visó el documento que aterriza la propuesta del sector en materia de "agenda de mínimos comunes" que se le entregará al Gobierno durante esta mañana, con el fin de ir en ayuda de las familias y pymes más afectadas por la crisis económica provocada por la pandemia y cuyo financiamiento tendrá como una de sus fuentes principales una serie de exenciones tributarias.
El principal punto es el establecimiento de una renta básica universal de emergencia de carácter universal por sobre la línea de la pobreza –que sería de unos $ 229.061 para una familia unipersonal y alrededor de $ 604.495 para una de cuatro integrantes-, cuya cobertura alcanzaría al 100% de las familias inscritas en el Registro Social de Hogares (RSH), no requiera ningún trámite de postulación y, en primera instancia, estaría vigente entre junio y septiembre de este año, período que podría ampliarse en caso de ser necesario. El beneficio llegaría a 6,7 millones de personas.
La propuesta también considera a familias que no estando inscritas en el RSH están en condición de vulnerabilidad, las que se deberán detectar a través de registros municipales u otras organizaciones territoriales.
Considerando como base la línea de la pobreza, el criterio fundamental por la oposición es que se mantengan los ingresos de las familias "en condiciones de suficiencia y dignidad", de manera que la Renta Básica Universal de Emergencia resulte de aumentar al monto de la línea de la pobreza, según el número de integrantes del hogar, más un 30%.
Aunque, durante el debate del retiro del 10% de las AFP, la oposición insistió en la universalidad de la cobertura, rechazando las propuestas del Ejecutivo tendientes a limitarlo –a través del pago de impuestos- y a reintegrarlo; en su propuesta de RBUE quedan eximidas del beneficio las rentas más altas inscritas en el RSH –décimo decil de ingresos-. Las que se detectarán cruzando información con otros organismos como el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Transferencias por US$ 3.000 millones
La propuesta también establece un Plan de Recuperación para Pymes y Sectores Postergados, en base a subsidios directos, créditos y suspensión de pagos, entregando un paquete de transferencias no reembolsables por US$ 3.000 millones, de cobertura universal y en el que se priorice por las industrias más afectadas por la pandemia, haciendo énfasis en cultura y entretenimiento, turismo, gastronomía y hotelería, servicios personales y sociales, artesanía y comercio minorista, pequeña industria.
Estas transferencias deberán ser funcionales a las especificidades de cada sector, subsector y considerar la compleja situación en las diversas regiones del país, abarcando principalmente a las empresas con ventas netas hasta UF 25.000.
Adicionalmente, se establece el otorgamiento de líneas de crédito de largo plazo, a través de BancoEstado, y garantizados al 90% sin deducible por Fogape, con a lo menos un año de gracia. Mientras que para sectores como la cultura proponen que sea garantizado al 100%. Pero también proponen la suspensión de una serie de pagos, como los de las patentes y la eliminación multas por incumplimientos tributarios. Junto con ellos proponen una serie de medidas sanitarias para el proceso de apertura. También se establece la modificacipon al subsidio del empleo Sence
Financiamiento con exenciones
Las fuentes de financiamiento para la propuesta en el corto plazo serán recursos de ejecución dentro de la actual Ley de Presupuestos, como una mayor recaudación adicional fiscal proveniente de las proyecciones de un mayor precio del cobre, tanto de la minería privada, como de Codelco; un mayor endeudamiento fiscal; el uso de activos del Tesoro Público; y la reasignación de recursos mediante la gestión temporal del financiamiento a Fondos de las FFAA, tanto el correspondiente a capacidades estratégicas como de contingencia.
Como medidas de mediano y largo plazo se propone, entre otras medidas, eliminar exenciones tributarias como el IVA a las empresas constructoras; ajustes a instrumentos de inversión, como la contribución de los fondos de inversión privado, la eliminación del beneficio del pago fijo de 10% para los extranjeros en retiros o dividendos de los fondos de inversión públicos y mutuos; afectar con el pago del impuesto de primera categoría a la distribución de los fondos; revisar la eliminación de la renta presunta; la reducción de los beneficios del DFL2; eliminar el beneficio tributario a los excedentes de libre disposición al momento de retirarse; y eliminar la exención a la ganancia de capital en mercados regulados, entre otros.
Pero la propuesta también contempla avanzar en una agenda que produzca más recaudación para financiar medidas permanentes, alcanzando una mayor progresividad del sistema tributario. Entre ellas aumentar recaudación proveniente de la extracción de recursos mineros, royalty y revisión de la tributacipon minera; Conjunto de medidas adicionales que busquen gravar a contribuyentes de mayores recursos y diseñar un nuevo sistema tributario más justo, equitativo y simple, con impuestos saludables y verdes.
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