Una presentación ante la Contraloría General de la República en la que solicitan al organismo fiscalizador investigue el proceso y resultado de la licitación, a través de la cual Corfo asignó el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) a un consorcio de universidades estadounidenses y chilenas, que constituiría, según los críticos de la adjudicación, el mayor fondo para la innovación y desarrollo de energías renovables e hidrógeno en Chile (US$ 192 millones).
Los senadores Guido Girardi (PPD), presidente de la Comisión Desafíos del Futuro; Yasna Provoste (DC), integrante de la Comisión de Minería y Energía, y Carlos Montes, de la Comisión de Educación, llegaron este lunes hasta la sede de la Contraloría donde entregaron el documento, escrito que también cuenta con las firmas de los jefes de bancada de diputados del PS y el PPD respectivamente Luis Rocafull (PS)y Raúl Soto (PPD) y los diputados Juan Luis Castro (PS) y Gabriel Silber (DC).
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Los parlamentarios de oposición solicitan el pronunciamiento del órgano en relación con "la legalidad del procedimiento de adjudicación de la licitación para la conformación del Instituto Chileno de Tecnologías Limpias, por eventuales contravenciones al principio de juridicidad, de imparcialidad, de economía y de probidad en el ejercicio de la potestad para gestionar los fondos del Contrato Salar de Atacama, entre la Corfo y SQM Atacama como, asimismo, por las evidentes irregularidades en el proceso de licitación".
Girardi argumentó que "en la actual administración, Corfo llamó a concurso donde se presentó la Corporación Alta Ley, que incluye a las universidades chilenas más importantes y tradicionales, y un consorcio norteamericano -Asociated Universities Inc (AUI) junto a las universidades del Desarrollo (UDD) y San Sebastián USS) que tienen fuertes vínculos con el gobierno".
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Añadió que "en un proceso oscuro e irregular -que puede tener connotaciones de delito se asignó estos recursos a AUI, pese a que la mejor evaluación de la Agencia Internacional la obtuvo Alta Ley", imputándole a Corfo haber creado "otra instancia evaluadora con funcionarios propios -jefes de gabinetes, fiscales, asesores-, que no son expertos en la materia, pero que le dieron mayor puntaje a AUI. Y finalmente el Consejo de Ministros y el vicepresidente Terrazas le asignaron los recursos a AUI".
Mientras que la senadora Provoste dijo que "le solicitamos al contralor (Jorge) Bermúdez que se haga un examen completo de la legalidad respecto de la licitación y hemos adjuntado una serie de irregularidades que en el transcurso de esta etapa llevó adelante la Corfo".
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