Una jornada de alta tensión enfrentó la propuesta del Gobierno para aplazar las elecciones de abril para el 15 y 16 de mayo. Esto, porque tras coordinarse con la mesa del Senado, los representantes de la centroizquierda acordaron temprano exigir un compromiso de parte del Ejecutivo en orden a realizar cambios en la política sanitaria y, más importante aún, en materia de ayudas económicas, para respaldar la propuesta que el presidente Sebastián Piñera anunció el domingo y que debe contar con la aprobación del Congreso.
Tras la cita, la presidenta de la Cámara Alta, Yasna Provoste (DC), fue la encargada de enviarle el mensaje al oficialismo, en cuanto a que el cambio de fecha de los comicios debe estar sujeto a una serie de “condiciones”, tanto sanitarias como económicas, que le den sentido y que, de lo contrario, “la oposición no está en condiciones de garantizar su respaldo a la propuesta del Ejecutivo”.
Postura que más tarde Provoste y el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), le reiteraron al mandatario en una reunión protocolar que sostuvieron en La Moneda.
Pero ahí el tono fue distinto. Tras la cita, la parlamentaria dijo que el mandatario aceptó crear una mesa de trabajo para revisar las ayudas sociales.
Un paso que podría allanar el apoyo a la idea del Ejecutivo de mover las elecciones, que no había tenido eco en la sesión conjunta que realizaron las comisiones de Gobierno y Constitución de la Cámara, en la que participaron los ministros de Salud, Segpres e Interior, Enrique Paris, Juan José Ossa y Rodrigo Delgado, respectivamente. Además de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches; el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, y la representante del PNUD, Marcela Ríos.
Ahí la oposición no quedó conforme con las presentaciones de los ministros que, a juicio de la presidenta de la Comisión de Gobierno, Andrea Parra (PPD), fueron “bastante improvisadas”, ya que no habrían aportado mucho más de lo ya conocido.
Lo concreto de la presentación de Ossa fue que la administración Piñera espera que para el 15 y 16 de mayo haya 9,3 millones de personas vacunadas, 7,3 millones con ambas dosis, lo que “debería redundar en una mayor participación”.
Este ambiente había generado que el vocero Jaime Bellolio calificara de “chantaje” las exigencias del sector para aprobar la reforma cuando ingrese al Congreso.
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